En política, no existen las casualidades.

No es casual que en plena crisis de credibilidad de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la Fiscalía General de la República, tan necesitada de un golpe distractor, haya detenido al exgobernador de la entidad, Ernesto Ruffo Appel, acusado de contrabando de combustible y delincuencia organizada.

Hace poco más de un año, el 7 de julio del 2025, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunció la incautación de 129 carros tanques de ferrocarril, en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, que transportaban 15 millones 940 mil litros de combustible diesel y gasolina, presuntamente huachicol.

Las empresas señaladas como las importadoras y por lo tanto dueñas de esa millonaria cantidad de combustible fueron Ingemar y Belar Fuels.

En la primera, fundada en el 2018, el exgobernador Ruffo Appel aparece como accionista con el 49% de participación.

En su momento, luego de la revelación, quien fue el primer gobernador panista en el país anunció que la documentación de Ingemar estaba a disposición de las autoridades de la FGR, Hacienda y el SAT para comprobar el ingreso lícito de los combustibles.

No se sabía nada de la investigación, hasta ayer que se informó de la detención de Ruffo.

La FGR dijo que la captura ocurrió después de una “investigación de alta complejidad’’ (que tardó un año y días), pero los tiempos en los que ocurre, las circunstancias y en general el entorno político en el que sucede por lo menos genera razonables dudas.

Los líos de la gobernadora de Baja California también han puesto contra la pared al Gobierno federal; desde Palacio Nacional se ha minimizado el valor político de los audios que la colocan en una posición de negociante con el gobierno de Estados Unidos.

También está el tema del piloto del avión en el que fue trasladado El Mayo Zambada a Estados Unidos después de una trampa en la que participaron funcionarios estatales de Sinaloa y, ahora se sabe, agentes del FBI.

El Gobierno federal nunca pudo explicar fehacientemente por qué, teniendo detenido al piloto, lo entregaron a la administración trumpista, a la que ahora le pide información que por complicidad o franca incapacidad no pudo obtener dentro del propio territorio nacional.

Lo de Ruffo tiene cierto tufillo a distractor, hasta que se demuestre lo contrario.

No se defiende su inocencia (presumiblemente lo es hasta que se demuestre que efectivamente tuvo una asociación criminal para obtener beneficios personales), ya sus abogados lo harán, pero sí la forma en que ocurrió, sobre todo cuando existen también denuncias por los mismos delitos contra funcionarios y exfuncionarios morenistas sin que las carpetas de investigación muestren un avance.

Ya tendrá la 4T pretexto para decir que “también en otros partidos’’, como dijo una trasnochada diputada guinda, existen políticos asociados a grupos criminales.

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Sobre el tema del huachicol no debe olvidarse que un exsenador morenista, también de Baja California, Gerardo Novelo Osuna, está en la mira por los mismos delitos.

O eso se cree.

En mayo pasado, unos días antes del descubrimiento de los 129 carros-tanque de ferrocarril en Coahuila, fueron asegurados 7 millones 944 mil litros de huachicol en “El Sauzal’’, en Ensenada, en terrenos propiedad del exlegislador morenista.

En principio, Novelo dijo a través de sus redes sociales que los terrenos los había rentado, pero después borró la publicación.

Unos meses después obtuvo un amparo en contra de cualquier orden de aprehensión, por lo que no se le ha tocado ni con el pétalo de un citatorio.

 

    @adriantrejo