La fiscal Ernestina Godoy aseguró la semana pasada que con la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se había desmantelado “la red de huachicol más grande de México’’, pero el propio gobierno tiene otros datos.

El 3 de octubre del 2025, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, acudió a la Cámara de Diputados, en donde compareció ante la Comisión de Hacienda.

En el evento, la funcionaria informó que el daño causado al erario por el contrabando de combustible o huachicol fiscal causado por una red de marinos a cargo de las aduanas del país, agentes aduanales, funcionarios públicos de varios niveles de gobierno y empresarios (o pseudo empresarios), ascendía a 600,000 millones de pesos.

Aún más, la funcionaria precisó que de esa cantidad “16,000 millones contaban con denuncias y carpetas de investigación’’.

Comparado con el supuesto daño al erario que Ruffo y compañía habrían cometido (4,456 millones de pesos, según Godoy), la supuesta banda del exgobernador contra la banda operada por gente del gobierno, son niños de pecho.

El problema, además de la interpretación sesgada de las cifras de probable evasión, radica en el hecho de que nada se ha sabido, nada absolutamente nada, sobre el avance de las investigaciones sobre el huachicol institucionalizado.

Salvo los dos marinos detenidos, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna (este último detenido en Argentina a la espera de su extradición) no se conocen los nombres de los otros 9 implicados y encarcelados, entre ellos los agentes aduanales que gestionaron los pedidos de combustible que entraban al país como aditivos para evadir el pago del impuesto.

Peor aún, el caso del huachicol institucionalizado ha cobrado la vida de por lo menos 7 personas, incluida la del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue acribillado a tiros por sicarios en motocicleta el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, después de haber acudido a denunciar el contrabando al entonces secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien sugirió “cerrar el tema ahí’’, y posteriormente con el actual secretario de la dependencia, Raymundo Pedro Morales.

Si la misma dedicación de un año de la FGR para investigar la eventual evasión fiscal de las empresas de Ruffo se hubiera aplicado a la del huachicol institucionalizado, no habría ninguna sospecha sobre la llamada justicia selectiva.

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Después de la masacre de 10 personas en tres municipios de Zacatecas, el fin de semana, ayer llegaron al estado 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para reforzar los operativos de seguridad en coordinación con las corporaciones de seguridad del estado.

Además, tres aeronaves se incorporan a las labores de vigilancia y reconocimiento; dos del Ejército y una de la Secretaría de Seguridad Pública.

El Grupo de Inteligencia Operativa sesionará de manera permanente en la 11/a. Zona Militar.

Con estos refuerzos, el gobernador David Monreal busca que la inseguridad no se le salga de las manos pues hasta los hechos del fin de semana, el estado se había mantenido como uno en los que la violencia se había reducido drásticamente.

A ver.

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Euromoney, referente global con más de 50 años en análisis financiero, otorgó los galardones “Mejor en Préstamos al Consumo en América Latina’’ y “Mejor en Préstamos al Consumo en México’’, a Banco Azteca.

Durante la edición 2026 de los Euromoney Awards, se destacó la solidez del modelo de negocios de Banco Azteca y su “liderazgo en la democratización del acceso al préstamo consolidando a la Institución como un motor clave para el desarrollo financiero y la prosperidad de millones de familias en la región’’.

Bien.

 

    @adriantrejo