Lejos está la sentencia a cadena perpetua de Ismael Zambada, El Mayo de ser el punto final de una historia de terror, complicidades a todos niveles y de ser la causa de diferendos diplomáticos con Estados Unidos.
Por el contrario, la condena del Mayo podría desatar una escalada de violencia no solo en Sinaloa, sino en los estados en los que existen células afines al hijo de Zambada, conocido como El Mayito Flaco, como ya ocurrió en Zacatecas.
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A través de un video, un grupo que se atribuyó el asesinato de 10 personas en tres municipios zacatecanos, se dijo parte de la Mayiza.
Este grupo aseguró que mató a los 10 (entre ellos empresarios, dos funcionarios de Fresnillo y un expresidente municipal de Sombrerete) “porque no se respetaron los acuerdos’’.
La Mayiza tiene presencia en Durango y una parte de Chihuahua, además de algunas zonas de Zacatecas y una parte de Jalisco.
La condena de su líder y fundador del Cártel de Sinaloa representa un riesgo para la seguridad regional y un reto para las autoridades que, seguramente, ya están tomando sus previsiones.
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Si los casi 2 mil millones de pesos que Clara Brugada invirtió (por no decir que tiró a la basura) en el inútil jardín elevado en San Antonio Abad los hubiera destinado a prevenir las inundaciones en la capital, otro gallo nos cantaría.
La muy sospechosa “inversión’’ ha servido para maldita la cosa.
Solo el día de la inauguración (el 7 de junio pasado) se pudo medio visitar porque la obra fue entregada incompleta, sin escaleras de acceso al final.
Ahora, pasado el distractor del mundial de futbol, la ciudadanía vuelve a la realidad; la mayoría de las vías rápidas en la capital se inundan cada que llueve.
Las lluvias dejaron de ser “atípicas’’ hace años pero el término sigue siendo justificación de la desidia y probablemente la corrupción.
Dos mil millones de pesos, al menos oficialmente porque las cuentas no son claras, empleados para una dizque calzada flotante de 1.8 kilómetros de los cuáles no se lleva ni la tercera parte.
¿Cuántos metros de drenaje o repavimentación se hubieran conseguido con ese dinero?
Esas son las prioridades de este gobierno (es un decir) de la CDMX.
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Tres temas estarán en la agenda pública en los próximos meses: la muy necesaria revisión de la reducción de la edad penal para castigar a los adolescentes sicarios (que cada día aumentan a pesar de las becas que iban a atender “las causas’’), la regulación del uso de redes sociales para niños y adolescentes y la regulación de la Inteligencia Artificial (IA).
Ya conocemos la receta del gobierno y del Congreso mayoritariamente morenista para “escuchar’’ las voces de grupos y de especialistas en cada tema.
Ayer se anunció en la conferencia mañanera que se convocará a “foros’’ y seguramente a un “parlamento abierto’’ para escuchar a padres de familia, profesores, investigadores, médicos, legisladores, etcétera, para diseñar una iniciativa con la que se buscará prohibir o restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas, desde preescolar hasta secundaria.
En países avanzados estás limitantes se aplican desde hace algún tiempo.
No está mal analizarlo en México, cuya población es la que más tiempo pasa en la pantalla de un celular o tableta viendo videos, por los efectos nocivos que tiene para la salud mental, la convivencia social y hasta la economía.
El problema es que dichos foros resultan inútiles si al final se impondrá la versión y visión del gobierno, como ha pasado en otros temas como la reforma judicial, por ejemplo.
@adriantrejo