La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, reanudó este miércoles la audiencia en la que resolverá si vincula a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a siete personas más, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La diligencia judicial cumplió 12 horas, ya que inició el martes a las 17:00 horas y se decretó un receso a las 5:00 horas de hoy, por lo que a las 10:00 se retomó.
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El exmandatario estatal compareció mediante el sistema de videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano.
Durante el desarrollo de la sesión, la representación legal del panista, encabezada por el abogado Fernando Gómez Mont, replicó cada uno de los cientos de elementos de prueba expuestos por la Fiscalía General de la República (FGR). La defensa solicitó el análisis individualizado de las pruebas presentadas por la representación social, procedimiento que motivó la extensión del debate, por lo que se espera que a lo largo de este día se decida si se ordena la vinculación a proceso de Ruffo, y en ese caso, la medida cautelar que se impondrá.
La FGR atribuye a él y los otros imputados la presunta operación de un esquema de importación ilegal de gasolina y diésel desde Estados Unidos hacia territorio nacional.
La acusación sostiene que la empresa Ingemar, en la cual el exgobernador figura como socio, declaraba volúmenes de combustible inferiores a los trasladados para reducir el pago de contribuciones fiscales.
Las estimaciones presentadas por la fiscalía indican que el presunto perjuicio a las finanzas públicas asciende a más de 4 mil millones de pesos. Asimismo, la indagatoria señala la probable participación de firmas importadoras, transportistas, operadores de ferrocarril y agentes aduanales. La investigación tiene como antecedente el aseguramiento de 129 carrotanques con 15 millones 480 mil litros de hidrocarburo, realizado en julio de 2025 en Coahuila.
La etapa inicial del procedimiento comenzó el viernes pasado y acumuló más de 30 horas de sesión antes de que la defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. En la audiencia en curso, la autoridad judicial determinará la vinculación o no a proceso de los implicados, así como la continuidad de la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente cumple el exmandatario en el penal de máxima seguridad.
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Ruffo promueve nuevo amparo
Paralelamente, un juez federal admitió a trámite un juicio de amparo promovido por la representación de Ruffo Appel contra su orden de aprehensión y traslado. El recurso señala presuntas irregularidades vinculadas con la falta de acceso a la defensa y la interrupción de suministros médicos; no obstante, el trámite constitucional no suspende la secuela del proceso penal ni prejuzga sobre el fondo del asunto.
Ernesto Ruffo Appel ocupó la gubernatura de Baja California durante el periodo comprendido entre 1989 y 1995, tras postularse por el Partido Acción Nacional (PAN).