La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar "congruencia e integridad constitucional", tras el reciente fallo del Máximo Tribunal que frena cambios de adscripción laboral que vulneren el núcleo familiar.
El pronunciamiento de la organización surge tras la resolución de la contradicción de criterios 254/2025, en la cual la SCJN avaló suspender de forma provisional el traslado de servidores públicos cuando se afecte de manera indiciaria "el interés superior de la niñez y el entorno familiar". Ante dicha determinación, promovida y celebrada públicamente por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la JUFED sostuvo que la medida "resulta contradictoria y profundamente inequitativa".
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"Los mismos principios de protección integral a la familia y no afectación al entorno social que hoy se velan en las controversias del Alto Tribunal, fueron completamente omitidos e ignorados al momento de aprobar e implementar la Reforma al Poder Judicial", aseveró la asociación a través de un comunicado.
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De acuerdo con el posicionamiento de los juzgadores, durante el proceso de la reforma aprobada en 2024 se omitieron las salvaguardas que hoy el tribunal aplica en otros casos administrativos. Al respecto, el organismo señaló que "al promover y avalar la destitución masiva de personas juzgadoras, las autoridades competentes demostraron que lo que menos les importó fue la afectación a las familias en su conjunto", acotando la sensibilidad a discursos coyunturales y desconociendo los derechos de los integrantes del Poder Judicial.
'Existe una inconsistencia argumentativa': JUFED a SCJN
El gremio recordó que, durante décadas, los administradores de justicia asumieron el compromiso de trasladarse por la República según lo determinara el órgano regulador, "sacrificando la posibilidad de elegir voluntariamente en dónde vivir". Frente a esta dinámica de trabajo, afirmaron que "la Reforma Judicial destruyó de un plumazo este proyecto de vida y estabilidad familiar", al cesar a juzgadores de carrera sin considerar que "un cambio o cese intempestivo no solo perturba a la niñez, sino que fractura el sustento de dependientes económicos, personas adultas mayores y la dinámica familiar".
"Existe una inconsistencia argumentativa. Si bajo los criterios de La Corte la reubicación laboral genera un daño de difícil reparación en el núcleo familiar que amerita frenar actos de autoridad, con esos mismos argumentos debió valorarse el daño mayúsculo que provocaba la destitución y el cambio de residencia obligatorio", recalcó la JUFED.
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La asociación enfatizó que "los derechos humanos y la protección a la familia no admiten selectividad ni aplicación parcial". Por ello, urgieron a que los estándares legales adoptados por la Corte sean universales para todo el personal jurisdiccional.
"Exigimos que ese mismo criterio de impartición de justicia, empatía y sustento convencional sea aplicado para reconocer el atropello cometido contra las familias de las y los jueces y las y los magistrados de la Nación. La justicia no puede valer para unos cuantos en el discurso, mientras en la práctica se despoja de sus derechos y proyecto de vida a quienes sirvieron con honor al Estado de Derecho", aseveró el organismo.