La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sobre la imposición de medidas disciplinarias contra 13 servidores públicos adscritas a nueve dependencias de la administración pública federal.
Servidores públicos suspendidos
Las resoluciones se dictaron tras investigaciones llevadas a cabo por las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control de cada institución, en atención a irregularidades administrativas catalogadas como faltas no graves cometidas entre los años 2022 y 2025.
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En el cómputo general de las determinaciones emitidas, la autoridad administrativa aplicó ocho suspensiones temporales de cargo, una inhabilitación por un periodo de tres meses y tres amonestaciones de carácter público o privado.
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Asimismo, un funcionario adscrito al sector portuario acumuló dos sanciones de suspensión de manera individual. Todas las resoluciones se ejecutaron con fundamento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La distribución por número de personas sancionadas situó a la Agencia Nacional de Aduanas de México como la institución con mayor número de sancionados, al registrar a tres elementos suspendidos por 15 días.
Le siguen Petróleos Mexicanos con dos servidoras suspendidas por 30 días, y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado con dos funcionarios suspendidos por 15 días. Por su parte, en la Comisión Federal de Electricidad y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias se aplicó una suspensión de 15 días a un servidor en cada organismo.
Otros amonestados
El resto de las medidas incluyó una inhabilitación por tres meses impuesta a un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, una amonestación privada a un integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional y una amonestación pública a una servidora de la Secretaría de Salud.
A su vez, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo sancionó a un funcionario con dos suspensiones independientes de 10 y 12 días, respectivamente. Conforme al marco legal vigente, las personas sancionadas conservan su derecho a impugnar estas resoluciones.