Al cierre del segundo semestre del presente año, hay 120 empresas ante el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), que se encuentran en etapa de quiebra.

 

Lo anterior fue manifestado en su segundo informe del año, ayer por la directora general del Ifecom, Gricelda Nieblas Aldana, quien apuntó que ese dato corresponde al cierre de este semestre, con datos hasta el pasado 15 de noviembre.

 

De los casos que revisa el Ifecom, el concurso mercantil de Mexicana que sigue sin resolverse, ha sido el caso que ha ocupado el mayor número de espacios, y generado mayor controversia. A grado tal que ante las quejas presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal, por Banorte y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -acreedores de la citada aerolínea- ese órgano de vigilancia cambió de adscripción al juez Felipe de Jesús Consuelo Soto, para deslindarlo de la titularidad en este caso. El señalamiento es que favorecía a la parte de los trabajadores de la citada empresa aérea.

 

Además, el referido órgano del Poder Judicial tiene también 48 casos de empresas que están en etapa de conciliación, los cuales implican pasivos por 34 mil 221 millones de pesos.

 

Respecto al número de concursos mercantiles solicitados en ese lapso, dijo que en total fueron 14, y de esos asuntos, 57% fue planteado por solicitud del propio comerciante, en tanto que en 43% restante la demanda la iniciaron los acreedores.

 

Mientras esto se explicaba, la juez rectora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, solicitó a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) rinda un informe pormenorizado y debidamente sustentado de la letra de cambio internacional presentada por el inversionista Iván Barona.

 

De esta manera, será en los próximos cinco días hábiles en los que dicha comisión proporcione la información solicitada, y en donde se ampara al inversionista junto con Rafael Vázquez y BF International Mining Traders.

 

En el acuerdo publicado por el Consejo de la Judicatura, la juez puntualiza que el informe deberá precisar cuál es la naturaleza jurídica del documento denominado “fianza de liquidación e indemnización de compensación privada, además de cuál es la eficacia jurídica y financiera del mismo en México”.

 

Edith Alarcón dijo que de no rendir el informe debidamente sustentado, la CNSF será acreedora a una multa.