Cuando López Obrador tomó protesta el 1 de diciembre del 2018, expuso: Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy inicia un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical. Ese cambio de régimen se ha venido consolidando ante los ojos impávidos de la sociedad.

Bajo el argumento de atender demandas legítimas de la población, el obradorismo se ha servido con la cuchara grande para concentrar poder y coartar derechos de la ciudadanía.

Primero fueron los derechos humanos, poniendo a una títere en el cargo. Luego el derecho a la información, eliminando al Inai —y dejando la transparencia a discreción del gobierno. Después fue el golpe a la democracia, evitando nombrar a los magistrados del Tribunal Electoral que hacían falta para completarlo y que debían calificar la elección del 2024. Todo con la complicidad de una ilegítima mayoría calificada en el Senado para imponer magistrados afines a la 4T y extender su periodo. El INE va por el mismo camino.

Siguió la captura del Poder Judicial, con una reforma constitucional regresiva, que incluyó la integración de un Tribunal de Disciplina Judicial, verdugo de quienes fallan en contra de los intereses del gobierno. Restringieron el amparo y aumentaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.

Ahora quieren ir por la libertad de expresión. En 2025, eliminaron el IFT, Organismo Autónomo encargado de vigilar los derechos de las audiencias. En su lugar crearon la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dependiente del Poder Ejecutivo y que, en días pasados, presentó los lineamientos con los que dicen buscar garantizarlos.

Claudia Sheinbaum ha afirmado que es falso que se quiera censurar. Añade que sería el pueblo quien presentaría las quejas por la difusión de información falsa. Sin embargo, quien decidiría en última instancia a quién asiste la razón, sería la propia Comisión Reguladora. Sabemos bien, además, quién es el pueblo. Lo encarnan quienes ostentan hoy el poder.

La consultora política SPIN contabilizó 110 mil afirmaciones falsas o no verificables durante las  mil 438 conferencias mañaneras que encabezó el expresidente el sexenio pasado. Difícil olvidar su afirmación, en plena pandemia del Covid-19, respecto a que no estaba científicamente probado que el uso del cubrebocas ayudara a mitigar la propagación del virus. Ya vimos en qué terminó eso.

No solo no hay interés de defender el derecho de las audiencias a contar con información completa y veraz, sino que es el mismo gobierno quien reserva información de interés público y difunde otra que es falsa o manipulada todos los días en su programa matutino. Es posible que esta iniciativa no prospere, pero los medios críticos ya están en la mira.

Puede parecer pretencioso o exagerado, pero a ocho años de aquel discurso, la evidencia es contundente, el camino, bien definido. Comienza a consolidarse un nuevo régimen político. De forma gradual se ha ido cumpliendo lo anunciado sobre que este sería uno más cercano al totalitarismo que uno que garantizara las libertades y derechos de la sociedad.

 

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