La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena dictó la suspensión temporal de los derechos partidistas de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez.
La determinación fue tomada como una medida cautelar dentro del procedimiento sancionador de oficio identificado bajo el expediente CNHJ-PUE-552/2026, con el fin de salvaguardar los principios éticos y la imagen institucional del partido.
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Ambas legisladoras quedan privadas temporalmente de sus derechos de participación, votación, postulación y representación en las estructuras de Morena.
La resolución estipula que las diputadas locales deberán abstenerse de ostentarse como voceras o representantes del partido en cualquier espacio, así como evitar la difusión de contenido discriminatorio o en redes sociales y medios de comunicación.
La medida cautelar se limita de manera estricta al ámbito de la vida orgánica y la militancia en Morena, por lo que la CNHJ precisó que esta decisión no frena ni interfiere con el desempeño de sus funciones constitucionales como diputadas en el Congreso del Estado de Puebla.
La suspensión de sus derechos partidistas se mantendrá vigente durante todo el proceso, mientras la comisión desahoga las etapas de investigación y emite una sentencia sobre el fondo del asunto.
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Se mofan de adultos mayores
El procedimiento disciplinario surgió a raíz de la indignación social provocada por la difusión de un episodio del pódcast DesCasadas, conducido por Salvatori Bojalil. En dicho programa, las diputadas realizaron comentarios despectivos dirigidos a personas adultas mayores, haciendo alusiones mofadoras sobre su olor corporal, apariencia física y el deterioro natural por la edad. Los dichos causaron rechazo social por ser considerados conductas edadistas y contrarias a los lineamientos éticos de la fuerza política.
Tras el escándalo mediático y las peticiones de intervención presentadas por la militancia, la CNHJ notificó formalmente a las legisladoras para dar inicio al expediente. Ambas contarán con un plazo reglamentario de cinco días hábiles para presentar su contestación, aportar pruebas y ejercer su derecho a la defensa ante la autoridad partidista, la cual determinará en las próximas semanas si aplica sanciones definitivas que van desde la amonestación pública hasta la expulsión del padrón de afiliados.