En 16 meses, agentes de ICE (la agencia federal estadounidense encargada de aplicar las leyes migratorias dentro del país) han matado a tiros a por lo menos seis personas durante operativos, según un recuento publicado por NBC News. Ninguno de los agentes ha quedado imputado.
Detrás de ese saldo surge la cuestión de qué mecanismos existen para investigar a un agente federal cuando mata a un civil.
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En Estados Unidos, el circuito habitual comienza a nivel local. Cuando dispara un policía municipal, pueden intervenir la policía estatal y el fiscal del condado (autoridad encargada de perseguir delitos en esa jurisdicción), mientras un gran jurado determina si existen elementos suficientes para presentar cargos. Ese órgano no decide culpabilidad, sino si el caso puede avanzar hacia un juicio.
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Cuando el agente pertenece a una corporación federal, el recorrido se complica. La eventual acusación penal corresponde a la jurisdicción federal, mientras las autoridades locales pueden abrir investigaciones paralelas, pero su acceso a la evidencia puede depender de que las autoridades federales se la compartan.
Casos del ICE
Los casos documentados por el medio estadounidense muestran dónde se atasca ese mecanismo. El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, declaró ante legisladores que nunca estuvo convocado a la escena donde el 7 de julio murió baleado el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 51 años, pese a que esa invitación es práctica habitual cuando un oficial dispara contra un civil. Pasajeros que lo acompañaban declararon que estacionaba su camioneta; ninguno de los agentes presentes portaba cámara corporal.
En Minneapolis, donde murieron Renee Good y Alex Pretti, las autoridades debieron demandar al Gobierno federal para obtener documentos. Un juez resolvió la semana pasada que la entrega sigue incompleta.
Donde sí hubo una revisión externa, sus conclusiones difirieron de la versión oficial. Una comisión de rendición de cuentas de Illinois concluyó en mayo que los agentes que mataron a Silverio Villegas González, en un suburbio de Chicago, dispararon "sin aparente justificación" mientras él se alejaba en su vehículo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sostenido en varios casos que los autos estuvieron usados para agredir a los oficiales, aunque la propia capacitación del ICE prohíbe disparar contra vehículos en movimiento.
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Consultado por la cadena de medios estadounidense, el DHS afirmó que las agresiones contra sus oficiales aumentaron 1,300% y los ataques con vehículos 3,300%. No entregó cifras absolutas, periodo de comparación ni la definición empleada para clasificar esos incidentes.
El efecto de esa falta de acceso aparece fuera de los tribunales. El director nacional de la Liga de ciudadanos latinoamericanos unidos (LULAC), Juan Proaño, dijo a esa cadena que comerciantes cercanos al lugar donde murió Salgado Araujo prefirieron entregar los videos de sus cámaras de seguridad a la organización civil antes que al Gobierno federal.