Ocho de cada 10 personas que han participado en la consulta de los derechos de las audiencias, a través de comentarios públicos, están en contra de los lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
De acuerdo con una revisión que hizo Pregunta Sin Ofensa, “censura”, “exceso” y “control” por parte del Gobierno, son los principales argumentos del voto en contra expresado por los ciudadanos que participan en la consulta.
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Incluso destacan comentarios en contra respecto a los derechos de las audiencias con discapacidad.
En los lineamientos sometidos a este ejercicio ciudadano, se señala que las Audiencias con Discapacidad deberán contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y Lengua de Señas Mexicana, tanto de audio como de sonidos e información no verbal que sean relevantes al contenido audiovisual para dar accesibilidad a personas con debilidad auditiva.
Establecen que estos servicios deberán estar disponibles en, al menos, uno de los programas noticiosos y uno de los programas infantiles de mayor audiencia a nivel nacional por día.
Además, deberán contar con mecanismos que les faciliten la presentación de quejas; sin embargo, uno de los comentarios firmado por César Cuapio, enfatiza que como persona ciega, defiende y exige plenamente los derechos de accesibilidad y asegura que estas obligaciones ya están garantizadas en la Ley General para la Inclusión y en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene rango constitucional.
Por ello, considera “inaceptable e indignante” que se utilice la causa de la inclusión para envolver y justificar un paquete regulatorio que atenta contra la libertad de expresión de toda la sociedad, y señala que la accesibilidad es un derecho obligatorio por ley, no un pretexto para controlar contenidos.
Desde el gobierno, se argumenta que estos lineamientos obedecen a una deuda que se tiene con las audiencias; sin embargo se prevé que quienes más quejas interpongan, porque además son quienes cuentan con los recursos jurídicos y económicos para hacerlo, serán las figuras públicas, particularmente políticos del régimen cuatroteísta.
No hay que olvidar que a quien más le importa el derecho de réplica es al gobierno, prueba de ello son los espacios que tiene para responder a sus críticos de manera unilateral, que van desde una conferencia matutina, un espacio en la misma conferencia para exponer a sus críticos y una conferencia titulada Derecho de Réplica.
Las audiencias tienen un poder mucho más efectivo que presentar una queja, tienen el poder y la libertad de cambiar de canal, de frecuencia o apagar cualquier dispositivo, si lo que escuchan o ven, no les gusta. De ahí que el mayor riesgo es que en lugar de ejercer su derecho, desde el gobierno se intente imponer lo que deben escuchar, como contenidos ausentes de críticas al oficialismo.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
Si Ernesto Ruffo no es un preso político, por qué no se le aplican los mismos derechos que al resto de los reos en el Altiplano. Al exgobernador de 74 años de edad no le han permitido que sus familiares le puedan entregar papel de baño y pasta de dientes, y ya ni se diga unos tenis y un libro. ¿No que la justicia se aplica igual para todos?
@aguilarkarina