Durante décadas, Venezuela ha vivido una de las paradojas más difíciles de explicar. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo ha sido también escenario de escasez, deterioro productivo y una migración que separó a millones de familias. Por eso, el acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y el gobierno interino venezolano merece mirarse más allá de los titulares.

Su dimensión es interesante. Comprende 17 yacimientos con alrededor de 65 mil millones de barriles (equivalente a aproximadamente al 21.5% de las reservas del país), inversiones estimadas en 100 mil millones de dólares, un ingreso en tributos para el Estado venezolano de unos US$209.000 millones y la posibilidad de alcanzar una producción superior a 1.5 millones de barriles diarios. Es decir, no se trata únicamente de extraer más crudo, sino de intentar reconstruir una industria que pasó de producir más de tres millones de barriles diarios a tocar niveles casi nulos.

Y digo esto, porque la necesidad económica es evidente. Venezuela carece hoy del capital, la infraestructura y la capacidad tecnológica necesarias para recuperar por sí sola su industria petrolera. Una inversión de esta magnitud podría reactivar empleos, servicios, proveedurías y consumo.

Sin embargo, la magnitud del acuerdo exige una discusión igualmente seria. Existen diferencias importantes entre las versiones difundidas por ambos gobiernos. Mientras Caracas ha hablado de una vigencia de 25 años, Washington señala que la concesión tendría una duración de 100. Tampoco son menores las dudas sobre la administración de los recursos o las facultades concedidas a la empresa operadora.

No obstante, el problema de fondo no consiste solamente en determinar cuánto recibirá cada parte por cada barril. A ello también se suma la dimensión política. Un acuerdo de largo alcance, celebrado por un gobierno interino y en medio de una transición todavía incierta, puede ser cuestionado o renegociado en el futuro. En ese sentido, la seguridad jurídica de las inversiones dependerá, en buena medida, de que exista información suficiente, reglas claras y algún grado de legitimidad institucional.

La discusión, entonces, no debería reducirse sólo a decidir qué país ganó la negociación. La verdadera medida de su éxito estará en lo que ocurra con la vida de los venezolanos de a pie. En si los nuevos ingresos llegan a hospitales, escuelas, servicios y empleos; en si la recuperación permanece cuando cambien los gobiernos y en si el petróleo vuelve a ser una herramienta de desarrollo y no otra promesa incumplida.

En ese marco, ojalá este acuerdo contribuya a sacar del abandono a los miles de venezolanos que durante años vivieron entre la escasez y la incertidumbre. Ojalá también ayude a reconectar a quienes permanecieron con quienes tuvieron que marcharse y les permita volver a imaginar un futuro compartido. Porque reconstruir la industria petrolera será difícil, pero reconstruir los cimientos de un país será el verdadero desafío de esta nueva etapa.

 

  • Consultor y profesor universitario
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