Con 114 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones fue aprobada en lo general la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por el Senado.

 

En estos momentos ha entrado el debate en lo particular dado que el PRI ha reservado varios puntos.

 

Se discute ante el pleno del Senado la reforma que prevén la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública entre otras dependencias incorporadas a la Segob, en la que el punto de disenso se mantiene en la ratificación de los altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación, PAN, PRD proponen que esta modificación se incluya en la Ley Orgánica, el PRI plantea que se tiene que llevar a cabo una reforma constitucional.

 

Es por ello que el PRI puso ante el pleno una reforma constitucional con 54 firmas del PRI y 7 del PVEM para que la ratificación se lleve a cabo por parte del senado de la república, pero el PRD y el PAN se mantienen en la posición de que éste punto se mantenga en la Ley sin reforma constitucional.

 

La semana pasada que empezaron a plantear esta propuesta el coordinador de los senadores del PRI Emilio Gamboa aseguraba que contaban con 62 votos, pero en estos días perdieron el apoyo de la senadora Mónica Arriola Gordillo del PANAL

 

El senador ríos Peter dejó claro el punto de disenso “El único diferendo particular y que es sustancial es la fracción 43 del artículo 27, el comisionado Nacional de Seguridad y el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública serán nombrados por el ejecutivo federal con la ratificación del Senado de la República”.

 

Los priistas aseguran que para que esta modificación sea válida tiene que basarse en una reforma constitucional y que si se deja en una ley podría interponerse una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional.

 

Es así, que después de negociar toda esta semana, se mantuvo el diferendo en la ratificación de los funcionarios de la Segob y se espera el voto mayoritario del PAN y el PRD para que la ratificación se establezca en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Ejecutivo podrá interponer un recurso ante la Corte para echar atrás esta propuesta.