A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el reanálisis de llamadas y registros telefónicos permitió identificar a 17 personas que no habían sido consideradas anteriormente en las investigaciones, además de reconstruir comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias de Iguala.
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Al presentar un nuevo balance del caso, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, Arturo Medina, señaló que la actual administración decidió revisar lo ya investigado en lugar de comenzar nuevamente.
Esto mediante el uso de herramientas tecnológicas para cruzar documentos, testimonios, peritajes y comunicaciones que durante años permanecieron dispersos.
Por su parte, Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que el nuevo análisis se concentró particularmente en las comunicaciones efectuadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como en movimientos posteriores.
Números telefónicos
El funcionario explicó que ya no sólo se cuenta con números telefónicos aislados.
Sino que fue posible establecer quién se comunicó con quién y en qué momentos, lo que derivó en la identificación de 17 nuevos sujetos de investigación.
Esto permitió reconstruir relaciones entre presuntos miembros de la delincuencia organizada, policías municipales y estatales, funcionarios y particulares.
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Una de las líneas que cobró relevancia corresponde a los teléfonos de algunos de los estudiantes, debido a que registraron actividad después de su desaparición.
De acuerdo con la FGR, el celular de Jorge Antonio Tizapa Legideño lo usaron entre el 23 y el 25 de octubre de 2014, casi un mes después de la Noche de Iguala.
Las investigaciones señalaron como usuario a Mauro “N”, exservidor público de ese municipio, contra quien una jueza federal libró una orden de aprehensión en agosto pasado por delincuencia organizada y desaparición forzada.
También se detectó que el teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza tuvo actividad el 30 de septiembre de 2014 y lo utilizó un policía municipal de Iguala y posteriormente su pareja.
En el caso de Israel Caballero Sánchez, las pesquisas establecieron que usaron su después de la desaparición por la esposa de un exfuncionario municipal relacionado con la barandilla de Iguala.
Para la Fiscalía, esos movimientos permiten profundizar en la hipótesis de que algunos estudiantes probablemente los trasladaron a instalaciones municipales después de los ataques.
Otra de las rutas que se mantiene abierta está relacionada con las funerarias El Ángel y Rueda, así como con el Servicio Médico Forense de Iguala.
Esa vertiente comenzó a tomar fuerza desde 2025 y no constituye por sí misma una conclusión sobre el destino de los estudiantes.
Fiscalía
La Fiscalía informó que el análisis de comunicaciones detectó contactos durante las horas de la desaparición entre integrantes de Guerreros Unidos y Rodolfo “N”, propietario de establecimientos funerarios investigados.
También ubicaron comunicaciones con Irving “N”, otra persona incorporada a esa línea de investigación.
En octubre de 2025, autoridades federales aseguraron las funerarias El Ángel y Rueda.
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Durante diligencias posteriores se localizaron restos óseos, documentación relacionada con traslados e inhumaciones, certificados de defunción firmados y sellados sin llenar.
Además de instalaciones utilizadas para cremación.
En marzo de este año, padres de los 43 recorrieron la funeraria El Ángel y se les informó del hallazgo de una bolsa con restos óseos fechados en 2014.
Hasta ahora, las autoridades no han informado que esos restos hayan sido identificados como pertenecientes a alguno de los normalistas desaparecidos.
Pazarán señaló que en marzo recuperaron restos en inmediaciones del Semefo y que uno de los fragmentos presentó correspondencia genética con otro localizado en 2021 en la zona de Mezcaltepec, Taxco, a más de 100 kilómetros de Iguala.
El hallazgo forma parte de las diligencias y tampoco implica, hasta ahora, la identificación de alguno de los 43.
Ayotzinapa
En el balance de las labores de búsqueda, Arturo Medina informó que desde 2019 se han intervenido mil 931 sitios distribuidos en nueve municipios de Guerrero con el objetivo de localizar indicios sobre el paradero de los estudiantes.
La investigación, además, atraviesa un proceso de digitalización y sistematización que registra un avance cercano a 90%.
La base comprende alrededor de cinco millones de fojas contenidas en unos tres mil tomos, con el propósito de cruzar información que antes se encontraba fragmentada en distintos expedientes.
La FGR reportó que actualmente existen 162 expedientes vinculados al caso: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.
Asimismo, contabiliza 168 personas sujetas a proceso, de las cuales 130 permanecen privadas de la libertad y otras 38 enfrentan sus procesos con medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva.
Durante el periodo comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 también se ejecutaron órdenes contra expolicías municipales, presuntos integrantes o colaboradores de organizaciones criminales, exservidores públicos, empresarios y particulares vinculados con diferentes vertientes de la investigación.
Medina sostuvo que las siguientes etapas contemplan mantener las búsquedas, profundizar la revisión de videograbaciones y su destino, continuar las investigaciones sobre las funerarias y el Semefo y mantener el contacto con las madres y padres de los estudiantes.
Horas antes de la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la investigación “no está cerrada” y aseguró que el contenido del informe ya había sido presentado a las familias durante reuniones previas, razón por la cual no fueron convocadas al acto público de este lunes.