Estuvo fuerte el jaloneo final en Morena antes de oficializar la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar a la gubernatura de Chihuahua, a pesar de los intentos del Grupo Tabasco (GT) de imponer a Andrea Chávez.
No se conoce cuál fue el acuerdo final que permitió que se resolviera el entuerto, pero de que la exclusión de Chávez fue un golpe durísimo al grupo encabezado por Adán Augusto López, ni duda cabe.
El lunes no fue un buen día para ese grupo, creado al amparo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo cuyo nombre y cargo se hicieron negocios que hoy lo tienen en la mira.
Comenzó con la revelación de Televisión Azteca, que ubicó en Lugano, Suiza, al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán, quien fue uno de los contratistas favoritos en el sexenio de AMLO.
Su riqueza le permitió pagar una renta, en Lugano, cercana a los 320,000 pesos mensuales; después de que se revelara su paradero, Amílcar Olán dejó el penthouse que ocupaba, por si le interesa a algún ciudadano del pueblo bueno y sabio alquilarlo con su crédito Infonavit.
Por la noche vino el descalabro de Chihuahua.
El anuncio del elegido se había programado para las 19:00 horas, pero fue hasta pasadas las 11 de la noche que finalmente se anunció a Pérez Cuéllar, ante la mirada casi llorosa de Chávez.
¿Qué se negoció? Lo sabremos en las próximas semanas.
Pero no se puede decir que el gobierno de Sheinbaum “castigó’’ a los miembros prominentes del GT, ni siquiera adelantar que hubo un rompimiento, porque se podría dilucidar cuando se repartan las candidaturas a las 500 diputaciones federales y para las casi 2,000 presidencias municipales en disputa.
Entonces se verá, con mayor claridad, si Sheinbaum decidió que tres años fueron el tiempo suficiente para cumplir con la cuota que le heredó López Obrador, o si el prócer de Macuspana sigue teniendo injerencia en las decisiones que solo corresponderían a la Presidenta.
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Entre las designaciones de candidatos morenistas anunciadas el lunes, llamó la atención la de Elí Cervantes como candidato al gobierno de San Luis Potosí.
Todo mundo sabe que la gubernatura casi casi está facturada a nombre de Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que competirá (es un decir) bajo la bandera del Partido Verde.
A ver qué tan cierta es dicha competencia; no vaya a ser que se trate de un “pleito ratero’’, arreglado, “un tongo’’ político pues, y que el candidato morenista solo sirva de patiño para darle cierta credibilidad a la elección.
Todo puede ocurrir.
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La Oficina del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista de personas y empresas sancionadas por, presuntamente, tener relación con la facción del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres volvió a surgir el nombre del exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Carlos Alberto Torres Torres, y el de su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
La inclusión en dicha lista implica una sanción financiera, que deberá ser acatada por las autoridades mexicanas “de manera preventiva’’, por lo que las cuentas de esas 21 personas físicas y 25 morales, quedaron congeladas.
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Gracias a Antonio Torrado y al enorme equipo de este diario, con quienes compartimos páginas por nueve años, pero sobre todo gracias los lectores que nos concedieron el favor de su atención y lectura.
Vienen nuevos retos y cambios.
Pronto nos reencontraremos en otros espacios.
@adriantrejo
