La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el mecanismo de verificación de integridad de candidaturas que busca evitar la infiltración del crimen organizado en la elección de 2027.
Durante la sesión de este lunes, el Pleno determinó que la evaluación voluntaria de riesgo sobre posibles vínculos con actividades delictivas de los aspirantes a cargos de elección popular es “acorde con el derecho a ser votada o votado, ya que no crea un requisito adicional de elegibilidad, no impide el registro de la candidatura y no constituye una sanción o declaración de responsabilidad penal”.
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La Comisión de Integridad de Candidaturas se creó a raíz de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue aprobada en el Legislativo en mayo pasado.
El Instituto Nacional Electoral (INE) la instaló en julio pasado y designó como a Arturo Chávez López como presidente, así como a Norma De La Cruz Magaña y Uuc-kib Espadas Ancona como consejerías integrantes.
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El funcionamiento de la Comisión indica que solo será una instancia de transmisión y gestión de solicitudes de revisión de candidaturas ante el Gabinete de Seguridad, el cual entregará a los partidos un dictamen de riesgo sobre los perfiles y serán las fuerzas políticas las que decidan si los postulan.
Al validar dicha Comisión, la Corte señaló que el mecanismo tiene “una finalidad preventiva e informativa para fortalecer la integridad de las candidaturas y aportar elementos objetivos a partidos políticos y a las personas aspirantes para la toma de decisiones”.
Explicó que “la evaluación requiere la voluntad del partido y el consentimiento de la persona aspirante. Además, prevé deberes de confidencialidad y limita la información que puede comunicarse, por lo que es acorde con la presunción de inocencia y el derecho a la protección de datos personales”.
Por unanimidad, la Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad del PRI, partido que alegó afectaciones al derecho a ser votado, a la presunción de inocencia, a la privacidad y a los datos personales. También cuestionó la intervención de autoridades de seguridad e inteligencia y la aplicación del mecanismo a candidaturas locales.