Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben leerse desde una perspectiva distinta para entender la historia que la Constitución escribe a través de quienes la interpretan. Cada decisión delimita el ejercicio del poder, amplía o restringe derechos y contribuye a delinear el país que somos. Por ello, si las sentencias determinan el alcance práctico de la Constitución, entonces sí importa quiénes las escriben.
La Suprema Corte acaba de cumplir un año de sesiones bajo su nueva integración. En ese periodo resolvió 2,640 asuntos en 163 sesiones públicas y, aunque las cifras ayudan a dimensionar su trabajo, dicen poco sobre el alcance de sus decisiones. Para entenderlo es necesario mirar quiénes integran hoy el Alto Tribunal y desde qué experiencias interpretan el texto constitucional.
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La diversidad de quienes lo conforman no garantiza mejores decisiones. Sin embargo, sí amplía las sensibilidades y perspectivas desde las cuales se define el alcance de un derecho. La justicia constitucional nunca es ajena a la realidad de quienes la imparten.
En ese contexto, no es un dato menor que, por primera vez en la historia del país, la Suprema Corte sea presidida por un ministro de origen mixteco: Hugo Aguilar Ortiz. En un país donde los pueblos indígenas fueron por siglos objeto del derecho antes que protagonistas de su construcción, este hecho tiene un significado simbólico que se materializa en la agenda del Máximo Tribunal.
Durante el primer año, la Corte resolvió al menos 57 asuntos relacionados con pueblos y comunidades indígenas. Entre ellos destacan criterios sobre el reconocimiento de su personalidad jurídica para intervenir en juicios, la protección de su patrimonio cultural y el alcance del derecho a la libre determinación. Más allá de los expedientes, estas decisiones muestran cómo la justicia constitucional puede abrir espacio a voces históricamente excluidas.
Esto cobra relevancia porque la Suprema Corte interpreta una Constitución escrita hace más de un siglo por personas con sus convicciones, prejuicios y limitaciones para responder preguntas que entonces no existían. Además, lo hace sobre un texto que nació incompleto y que dejó fuera voces de mujeres, pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad e infancias. En ese sentido, cada sentencia es una oportunidad para ampliar el proyecto constitucional y acercarnos al país que aspiramos a ser.
Al final, una sentencia nunca trata únicamente de resolver un conflicto. También actualiza el significado de una Constitución que permanece viva porque cada generación la obliga a responder preguntas distintas. En esa conversación permanente entre el pasado, el presente y el futuro del país, la justicia merece ser contada.
@nataliayasi