Accionistas de Protección Patrimonial Unión de Crédito S.A. de C.V., entre ellos adultos mayores, exigieron respuestas sobre sus ahorros y la suspensión de pagos, luego de que dos asambleas realizadas el 7 y 8 de octubre concluyeran sin acuerdos para renovar los órganos de administración y vigilancia.
La primera reunión no pudo instalarse por falta de quórum, al contar con la representación de apenas 28% del capital accionario. En la segunda, la participación aumentó a 48%, pero tampoco alcanzó para someter a votación los cambios previstos.
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A la segunda asamblea acudieron representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y un notario público. La renovación del Consejo de Administración y de los órganos de vigilancia formaba parte de las medidas correctivas solicitadas por el organismo regulador.
Durante la primera reunión estuvieron presentes Francisco Javier García-Sabaté Palazuelos, presidente del Consejo de Administración, y Manuel Constantino Gutiérrez García, comisario de la institución. Según accionistas consultados, ambos fueron cuestionados por la falta de pagos y la ausencia de explicaciones sobre el manejo de los recursos, sin ofrecer respuestas concretas.
Los socios también manifestaron inconformidad con la convocatoria, pues aseguran que los avisos se publicaron sin establecer contacto directo con los accionistas, pese a que la institución cuenta con sus correos electrónicos y números telefónicos. Por ello, asistentes a la segunda reunión prepararon, con apoyo de abogados, un escrito para solicitar una nueva convocatoria.
La situación financiera de la unión de crédito también genera preocupación. Las estimaciones preventivas para riesgos crediticios pasaron de 350.7 millones de pesos en julio a mil 52.9 millones en agosto, un aumento de 200.3%. Este último monto equivalía a 44% de una cartera crediticia de 2 mil 400.4 millones de pesos.
Al cierre de julio, la institución reportó 2.2 millones de pesos disponibles en bancos frente a pasivos por 2 mil 20.7 millones de pesos, de los cuales 99% correspondía a préstamos de socios a corto plazo. Además, 82% de la cartera estaba colocada sin garantía y el índice de capitalización se ubicaba en 1.43%, por debajo del mínimo regulatorio de 8%.
Mientras los accionistas esperan respuestas, la entidad enfrenta sanciones administrativas de la CNBV y un procedimiento de concurso mercantil promovido por acreedores, bajo el expediente federal 77/2026, que continúa en etapa de visita. Los afectados también reportaron denuncias ante la Fiscalía General de la República y acercamientos a la Condusef, sin que hasta ahora exista una declaración de concurso mercantil ni una determinación de fraude.