Un día después de la manifestación por el agua en Guadalajara, Jalisco, y ante las denuncias de represión, abuso policial, detenciones arbitrarias y criminalización de la protesta, el gobernador de la entidad Pablo Lemus achacó el origen de la violencia a un supuesto “grupo de choque de aproximadamente 400 personas”.
La movilización del domingo 11 de octubre de 2026 reunió a aproximadamente 10 mil personas para exigir agua limpia, tras meses de recibir agua turbia, maloliente y con presencia de contaminantes en más de 300 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.
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Durante el acto, colectivos y medios de comunicación denunciaron abusos de autoridad que afectaron a entre 500 y 1,000 personas mediante el uso de gas lacrimógeno, balas de goma, chorros de agua a presión y golpizas contra la población, incluidas infancias, adultos mayores y periodistas.
Mientras el gobernador enmarcó la actuación policial como un acto de protección ante el supuesto grupo de choque, los colectivos ciudadanos acusaron que fue un operativo de represión.
"Llegó a Casa Jalisco un grupo de choque de aproximadamente 400 personas que tenían la intención de generar violencia a fin de quitarle legitimidad a una marcha verdaderamente ciudadana”, dijo el mandatario estatal en un video publicado en redes sociales este lunes.
El gobernador perteneciente a Movimiento Ciudadano sostuvo que personas encapuchadas, provistas de diversos objetos contundentes y explosivos caseros, agredieron a policías y destruyeron la barda perimetral de Casa Jalisco.
No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas detenidas rechazaron el discurso oficial, al considerar que criminaliza la protesta y desvía la atención de la exigencia central por el agua.
Clara Miranda, madre de Daniel Delgadillo- un joven cuya detención fue difundida en redes sociales- , relató que asistió junto a su hijo a su primera manifestación y calificó la aprehensión como secuestro.
“Él no hizo nada que nadie no hiciera y a él se lo llevaron y me lo robaron del lugar”, dijo durante una rueda de prensa realizada hoy frente a la fiscalía estatal.
Otro caso de detención arbitraria es el de Mariana Jovel Mora, bióloga marina y defensora de los animales. En redes sociales circulan videos donde se observa cómo los policías derribaron a la joven al suelo, la patearon repetidamente entre varios elementos y la arrastraron mientras ella intentaba proteger a una amiga.
De acuerdo con los informes médicos recibidos por la familia, la joven se encuentra en silla de ruedas y presenta una fractura en la nariz.
“Es no binaria y es bióloga marina. Es vegetariana, ella ni siquiera puede matar un animal. ¿Creen que va a golpear a un policía aquí? Yo pienso que fue una represalia y fue en contra de ella por verla diferente, porque fue la mujer que más golpearon”, dijo su madre Margarita Mora. “Ella no estaba agrediendo a nadie, no estaba rompiendo nada... solo estaba protestando para que todos tengamos agua digna en Guadalajara”.
Según las cifras oficiales, la protesta terminó con 39 personas detenidas. Hasta la tarde del lunes, 18 ya se encontraban en libertad.
Organizaciones de derechos humanos reportaron que las personas puestas en libertad registraron graves lesiones físicas, incluyendo traumatismos en rostro, espalda y ojos, así como esguinces y posibles fracturas.
Al menos dos de las personas liberadas informaron haber sido presionadas por las autoridades para que se desistieran de presentar denuncias por tortura, lesiones o abuso policial cometidos por la Secretaría de Seguridad Pública.
Pero la liberación no significa que el proceso haya terminado, pues se dio con base en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que permite a la fiscalía estatal seguir con el proceso y fincar cargos en cualquier momento.
“Desde anoche solicité a la Fiscalía del Estado revisar minuciosamente las detenciones caso por caso”, aseguró el gobernador de Jalisco. “En el transcurso del día, la fiscalía estará informando sobre nuevas liberaciones. Además, he ordenado que se revisen todos los videos para investigar la actuación de la policía y sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza”.
Por su parte, el consejero ciudadano Eduardo Mosqueda expuso que las detenciones se dieron con violaciones al debido proceso, incluyendo la falta de información oportuna sobre el paradero de las personas detenidas y el aislamiento prolongado al que fueron sometidas sin acceso a sus abogados ni a sus familiares durante la noche y madrugada.
Adicionalmente, la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) y el CEPAD denunciaron la criminalización deliberada de la protesta mediante la apertura de carpetas de investigación por delitos como "ataques a las vías de comunicación" y "delitos cometidos contra representantes de la autoridad".
Ante los hechos registrados el domingo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) confirmó la apertura de una investigación, así como la recepción de cinco quejas formales por abuso de autoridad contra la Policía Estatal, y la notificación de medidas cautelares para garantizar la atención médica e integridad de las personas detenidas.