La incertidumbre al interior de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) continúa. Ayer, integrantes del Consejo Universitario aprobaron una nueva normatividad y la recalendarización del semestre, en tanto que otro grupo afín a la rectora Esther Orozco rechaza la legalidad de los trabajos realizados por dichos consejeros.

 

Mediante un comunicado, el grupo identificado con los paristas dio a conocer la aprobación de normas a las que deberán ajustarse los estudiantes, académicos y trabajadores administrativos.

 

En una sesión realizada en el Centro Cultural Casa Talavera, los consejeros aprobaron la recalendarización del semestre 2012-II, que contempla el reinicio de actividades a partir de hoy, considerando el periodo vacacional del 24 de diciembre al 8 enero próximo y cuyo final está marcado para el 22 de febrero de 2013.

 

El documento precisa que habrá dos periodos de certificación: el primero, del 14 al 25 de enero, con inscripción del 9 al 11 de enero, pensado para los alumnos asistentes a las clases extramuros; en tanto que habrá otro del 25 de febrero al 1 de marzo, con inscripciones del 18 al 22 de febrero.

 

Pese a la aprobación de esta propuesta, los consejeros manifestaron su preocupación porque aún no se sabe si los planteles cuentan con el mobiliario y los equipos necesarios para el regreso a clases este miércoles.

 

En la sesión extraordinaria urgente también se acordó la instalación de una mesa de trabajo para buscar el acercamiento con las y los consejeros que no se han integrado a las labores del Tercer Consejo Universitario, en alusión a los consejeros afines a la rectora.

 

Estos últimos denunciaron ayer mismo la violación a la autonomía universitaria por parte de algunos diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y representantes del gobierno capitalino.

 

En su opinión, dicha violación ocurrió al avalar los trabajos del otro grupo de consejeros universitarios realizado en el Museo de la Ciudad de México el 29 de noviembre pasado.

 

De hecho, señaló de manera directa a los diputados Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Eduardo Santillán Pérez y Yuriri Ayala Zúñiga, así como al subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa de violentar la autonomía universitaria.

 

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