El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que plantea la desaparición de las secretarías de la Función Pública y de Seguridad Pública, además de que amplía las facultades de la Secretaría de Gobernación.
En lo general, se registraron 423 votos a favor, 38 en contra y 4 abstenciones; mientras que lo referente a la fracción 16 y último párrafo del artículo 27 -respecto a la ratificación de los encargados de seguridad pública federal en el Senado- se presentaron 195 abstenciones (PRI), 228 votos a favor y 38 en contra.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través del diputado Héctor Gutiérrez, advirtió que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ricardo Monreal, del Movimiento Ciudadano, previó que esta impugnación prosperará, pero pidió a los diputados que primero aprueben los cambios en la Constitución para no entorpecer el nuevo esquema. Amalia García, del PRD, pidió al PRI que reflexionara bien su intención de impugnar dicha reforma.
Entre los principales cambios propuestos por la Cámara alta está la ratificación de los titulares de Seguridad y del Consejo Nacional de Seguridad por el Senado, su comparecencia y la del secretario de Gobernación cada seis meses ante esa soberanía, para que explique el programa contra el crimen.
Al principio de la sesión se propuso y aprobó dispensar los trámites y la lectura de orden del día que contiene esa minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para los efectos de la fracción E del Artículo 72 constitucional.
La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto contempla la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para distribuir sus funciones en otras dependencias; la creación de un órgano anticorrupción y la consolidación de la Oficina de la Presidencia de la República como una dependencia de apoyo y seguimiento permanente del Ejecutivo federal.
También reformula las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social para que pueda diseñar programas y estrategias que contribuyan a eliminar la pobreza en el país y crea una nueva dependencia: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedetu) en sustitución de la de Reforma Agraria.