La noticia volvió a esparcirse incontenible, ahora con revelaciones sobre los detalles de los actos de corrupción que los directivos de Wal-Mart de México habrían cometido sobornando con miles de dólares en la mano a funcionarios municipales, estatales e, incluso, federales para conseguir permisos, eludir trámites y hasta modificar planos urbanos, para abrir tiendas al vapor.
Fue en abril pasado cuando las revelaciones contenidas en un amplio reportaje publicado en el diario The New York Times (NYT) cayeron como una bomba en el cuartel general en Bentonville, Arkansas, de la mayor cadena de supermercados del mundo.
Más de 20 millones de dólares habrían sido destinados a pagar sobornos en México ante la exigencia del corporativo de abrir tiendas en el menor tiempo posible, según revelaciones al diario del abogado Sergio Cícero Zapata, ex empleado de Wal-Mart de México.
Ocho meses después y con una minuciosa investigación a cuestas a través de la que recogieron documentos oficiales del corporativo y testimonios, los periodistas David Barstow y Alejandra Xanic del NYT siguieron el rastro de la corrupción y publicaron este lunes el detalle de cómo, cuándo y a quiénes Wal-Mart de México sobornó para conseguir los permisos que les allanara el camino para construir, por lo menos, 19 de sus tiendas ubicadas en el Distrito Federal y en el Estado de México. El lujo de detalle que arroja la investigación no deja dudas de que Wal-Mart “fue un corruptor agresivo y creativo”, según afirma el propio diario estadunidense.
A pesar del escándalo que estas revelaciones suponen para el mundo corporativo y bursátil estadunidense, éstas sólo confirman lo que el mexicano común siempre ha sospechado: que los actos de corrupción son condición necesaria si se quiere obtener éxito económico. Los resultados de una encuesta que realizaron conjuntamente The Fletcher School, de la Tufts University, y CIDAC así lo muestran. Uno de cada tres mexicanos encuestados respondió “que es de tontos cumplir la ley cuando no hay consecuencias de incumplirla”.
Lo que demuestra el reportaje del NYT es que la corrupción generalizada en México no es, fundamentalmente, un problema de valores sino de instituciones enclenques. En esa misma encuesta 71% contestó que “las leyes del país protegen a los poderosos”.
Y no hay que ir muy lejos para corroborar esta percepción ciudadana de que la corrupción es alentada por las nulas consecuencias para quienes la practican. Vea usted. El Congreso de la Unión hace unos cuantos días aprobó una Ley de Ingresos para 2013 en la que los gobiernos estatales y municipales podrán “evadir legalmente” -así como lo lee- el pago de los impuestos que deben enterar a la Federación por la recaudación del ISR a sus empleados. La justificación es mejorar la maltrecha situación financiera de los gobiernos locales causada por negligencias y corrupciones pasadas. Allí queda este botón de muestra de la calidad moral de nuestras instituciones.
Es probable que haya cientos o miles de casos como Wal-Mart: “Corruptores agresivos y creativos”, alentados por una profunda debilidad institucional que al Estado no le ha importado corregir a fondo, y que reproduce la corrupción sistémica que ahora exhibe la prensa internacional.
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