Barcelona. El 2013 arranca con una nueva administración, donde el mayor riesgo es la falta de información. Tomar decisiones bajo incertidumbre es algo a que los líderes y capitanes de empresas están acostumbrados. La experiencia, el contexto y la capacidad de reacción con las que cuentan las instituciones o empresas, son factores que pesan a la hora de trazar un camino.
Sin embargo, el gobierno actual no sólo se encuentra ante un marco institucional fragmentado y un gobierno desarticulado, sino también ante brechas y hoyos de información deliberados para esconder la realidad.
La administración del ex presidente Felipe Calderón escondió y ocultó información con fines políticos, como fue el caso de las encuestas de salud o la Encuesta Nacional de Adicciones. Estas encuestas se tardaron en procesar más de dos años y los resultados públicos fueron entregados de manera incompleta.
El INEGI se tardó más de 11 meses en procesar la Encuesta de Victimización de Empresas. Este estudio se levantó en noviembre de 2011 y no se entregó toda la información al público. Lo mismo ocurrió con la Encuesta de Victimización, donde el INEGI, a petición de la Segob, se retrasó dos meses en publicar los resultados.
Si la encuesta del INEGI se hubiera publicado antes, ¿se podría haber prevenido un delito? No sabemos, pero seguramente los académicos y estudiosos del tema, así como los integrantes de los Consejos Ciudadanos, podrían haber analizado los factores de riesgo, determinar patrones o contar con más información para focalizar campañas de prevención. ¿Es Eduardo Sojo responsable de esto? ¿Es una falta de capacidad del INEGI o una decisión de la institución el tardar 11 meses en procesar una encuesta?
Otro caso es la publicación de una base de datos de Propuesta Cívica A.C., donde se ve que la cantidad de ciudadanos desaparecidos en la administración calderonista es de más de 25 mil personas. Esto podría ser más grave aún, ya que a pesar de que existía un fenómeno criminal en el país, no se alertó a la población.
Tanto el INEGI, como el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instancias deberían tener una regulación para transparentar los resultados de estudios o encuestas que elaboran, ya que estos se pagan con recursos públicos. No es posible que los resultados de una encuesta se tarden en procesar más de 10 meses. La discrecionalidad hace que otros actores sociales pierdan la confianza en el Estado y sobre todo en una función primordial que es proporcionar información.
Ocultar información no resuelve ni desaparece los problemas, solo deja que su dinámica continúe y en muchos casos que se agrave. Si se hubiera alertado del número de desaparecidos en 2010 ¿cuántos casos se podrían haber evitado? No sabemos, pero seguramente sería una familia menos que le reclamaría al ex presidente Calderón el día de hoy.