Es urgente regular el crecimiento de las zonas metropolitanas, aseguró el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien se comprometió a que en este año esté listo el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y a que en este sexenio las ciudades empiecen a crecer con planeación.
Explicó que la idea del gobierno federal para ordenar el tema de la vivienda es que la Comisión Nacional de Vivienda -dependiente de la nueva secretaría- funcione como órgano rector, coordinando al Infonavit, Fovissste, Sociedad Hipotecaria y Fonahpo, con lo cual un gran sector inmobiliario estaría trabajando en sinergia. En la propia secretaría, además, se estudiarán las nuevas reglas de operación para los desarrollos habitacionales y los mecanismos de regulación para el crecimiento urbano.
Entrevistado el día en que empezó a funcionar la nueva dependencia del gobierno, Ramírez Marín informó que la mayoría de las entidades federativas cuentan con planes de desarrollo urbano, pero que incluso el gobierno federal, en estos últimos tiempos, no lo ha tenido.
Esta situación, acotó, ha provocado que la gente ocupe grandes extensiones de tierra, pero muy alejada de los lugares de trabajo, lo que provoca que terminen abandonando su casa porque entre el transporte, el pago de la energía eléctrica y la hipoteca se quedan sin dinero y tienen que regresar a la casa de sus padres.
Es por ello que se tiene que regular y ordenar la tierra disponible, tanto para hacer inmobiliarias como desarrollos y reservas que garanticen el propio futuro.
Ramírez Marín, quien ha sido diputado federal, explicó que con la falta de regulación lo que se está propiciando es que los centros de las ciudades sean abandonados, cuando hay muchas alternativas de vivienda, y se trata simplemente de densificar más la población.
Explicó que esto propiciaría que la gente no sólo use sus casas para dormir, sino que se conviertan en el entorno del crecimiento familiar, y esto hará una gran diferencia.
Respecto al abandono de casas por la lejanía y la falta de servicios, el funcionario yucateco manifestó que el primer reto que enfrentarán será ajustar los criterios con los desarrolladores de vivienda, porque hay casas desocupadas de las que los dueños continúan pagando la hipoteca, y existen muchas otras abandonadas, por lo que se tiene que buscar un remedio para ambas situaciones.
Aseguró, no obstante, que este problema de falta de pago de las hipotecas no va a desencadenar una crisis económica como la que se dio en España, porque no es un gran desfalco para las finanzas, sino que más bien se trata de un problema social.
Reforma agraria sigue con sus funciones
Entrevistado en su oficina de la dependencia que a partir de ayer cambió de nombre, Jorge Carlos Ramírez Marín aseguró que esta modificación de ninguna manera implica el abandono de las funciones, ya que se mantendrán las mesas de conciliación social y el departamento de concertación agraria: “No tenemos ninguna intención de que cambie la actitud o la disposición de la secretaría”.
El secretario subrayó que esta transformación de ninguna manera significa que ya se acabaron los conflictos por la repartición de la tierra: “Solamente los que llamamos conflictos importantes o que pueden tener una significación social mayor suman 445; pero en nuestra cartera de la mesa de concertación social hay más de mil 400 casos: o sea, la tierra está repartida, la inmensa mayoría se encuentra incluso certificada, pero esto no significa que los conflictos que este reparto ha originado se hayan terminado”.
Subrayó que “tampoco significa que la secretaría vaya a abandonar esa función. Al contrario, para que podamos hacer la otra, es indispensable que vayamos poniendo orden en ésta”.
Explicó que los conflictos agrarios se dan por distintos motivos: porque las ciudades se establecieron sobre ejidos, ejidos que se dotaron sobre propiedades privadas, conflictos entre ejidos, uno con otro, que tienen tierra montada, y conflictos de carácter judicial, donde la secretaría reclama la propiedad que se escrituró por parte de sociedades privadas o de ejidos, sin tener derecho a ello. Este es un asunto que, sobre todo, se manifiesta en las zonas de playa.
Subrayó que “cualquier conflicto que implica la propiedad alcanza momentos muy álgidos”.
La función de la secretaría -que interactúa mucho con gobiernos estatales, dijo- es evitar que conflictos que se pueden resolver a través de la negociación o las instancias legales tengan manifestaciones de tipo violento o de protesta.
Comentó que para estas negociaciones el trabajo con las organizaciones campesinas es muy valioso, debido a que son ellas las que organizan y asumen una representación que le permite a la secretaría tener un interlocutor para cada conflicto.
Los principales problemas, explicó, se dan en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán, en donde los gobiernos estatales tienen dependencias que trabajan directamente con la secretaría.
Concertación continua
El ex legislador señaló que se ha encontrado no sólo una gran disposición de los gobiernos estatales, sino inclusive urgencia de que se empiece a hacer este trabajo. “Están muy conscientes de que es indispensable regular el crecimiento en las zonas metropolitanas y ponerle reglas a los nuevos desarrollos, que garanticen que no va a haber viviendas abandonadas”.
Lo que se requiere en el país, dijo, son “zonas que propicien un ambiente social favorable al desarrollo humano y ajustadas a criterios modernos. Hoy es impensable que simplemente hagamos casas, tenemos que pensar en caminos eficientes, transportes, servicios, ahorro de energía, seguridad pública. Se trata de pensar en auténticos desarrollos que favorezcan la cohesión social”.
Detalló que la ley le otorga al gobierno federal la facultad normativa, y a los estados y municipios la aplicación. “Hoy tenemos que hacer un esfuerzo para que la Federación efectivamente actúe y coordine acciones como señala la ley”.
Primero el diagnóstico
El secretario se comprometió a hacer un diagnóstico, para el cual necesitará del apoyo local, ya que ha habido esfuerzos en ese sentido, pero no se cuenta con información completa.
Dijo que el propósito del presidente Enrique Peña Nieto es que en este sexenio se haga una nueva planeación de todas las ciudades y regiones del país, y que en este año esté listo el Plan Nacional de Desarrollo Urbano.
Explicó que en las grandes zonas metropolitanas, como las de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ha habido avances importantes, pero que le “preocupan más los casos de ciudades que están creciendo muy rápidamente, como Mérida, Cancún y Querétaro, donde el crecimiento es muy acelerado”.
A partir de ahora, dijo, la que fue Secretaría de Reforma Agraria atiende no sólo los conflictos agrarios y la certificación de la propiedad rural, sino también el destino de esta propiedad y el desarrollo urbano. Con esto tiene que venir el problema del ordenamiento territorial, explicó: Qué uso van a tener las tierras, cuáles son productivas, cuáles propicias para el crecimiento de las ciudades y para el establecimiento de nuevos centros poblacionales, y cuáles son las reglas.
Para esto, comentó que habrá tres etapas: la primera es la planeación del futuro: qué va a ser ciudad, cómo va a ser; qué va a ser campo, qué territorio se destina a la producción y qué territorios a servicios.
Y de ahí se da paso a la segunda etapa, que trata del momento actual: cómo se unen fortalezas para impulsar regiones, qué regiones necesitan nuevas regulaciones y vocaciones y cuál va a ser la inversión del Estado en esas regiones en materia de desarrollo urbano y territorial.
Y finalmente el pasado: cómo arreglar, coordinadamente, el desorden en el crecimiento urbano sufrido hasta ahora, explicó el secretario de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín.