La guerra contra el narcotráfico no ha concluido, durará muchos años y se centrará en Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

 

En su balance de final de sexenio La Sedena en el esfuerzo de México contra el crimen organizado, la Secretaría de la Defensa Nacional explica que en estas entidades ha aumentado el consumo de drogas, la circulación y utilización de dinero sucio y una notable debilidad de las corporaciones policiales municipales.

 

“La lucha contra el narcotráfico no ha concluido, ni mucho menos; pero sí ha terminado un ciclo que establece la democracia mexicana. En las mediciones de los índices delictivos que se realizan en las zonas geográficas expuestas a las condiciones y expresiones de la inseguridad pública, local y federal, se ha observado una serie de evidencias, que no obstante los esfuerzos de coordinación y la gran cantidad de recursos dinerarios y de insumos dedicados, aún hay un tramo largo por recorrer”, afirma el análisis.

 

De hecho, en los primeros días de la nueva administración, los hechos violentos se han concentrado en Jalisco, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Estado de México.

 

Respecto a la corrupción de las policías municipales, el Ejército afirma que la actuación de sus tropas en la lucha antinarco se volvió determinante para recuperar y estabilizar el ambiente de paz social.

 

“La posibilidad de una severa fractura en el orden institucional era mucho más que una hipótesis, era una muy grave tendencia… la presencia de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico fue revelando la notable debilidad de algunas áreas estructurales de gobiernos e instituciones, como las de justicia, corporaciones policiales y no pocas oficinas o dependencias estatales y federales”.

 

En el documento, elaborado por Javier Oliva Posada, asesor del Colegio de la Defensa Nacional, justifica la participación de la Sedena en la guerra contra el narco ante daños graves a la seguridad nacional.

 

“No hay duda de que las afectaciones a la seguridad nacional habían sido de tal severidad que lo impostergable era una acción contundente e inmediata del Estado”.

 

Además, agregó el Ejército, los grupos criminales aumentaron su poder económico, armamentista, tecnológico, lo que representaba un desafío para los gobiernos, la sociedad y la democracia.

 

Fue en este marco, subraya la Sedena, en el que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, entonces presidente Felipe Calderón, ordenó la salida de las tropas de sus cuarteles, para realizar labores de seguridad pública.

 

“La diferencia muy importante con anteriores lineamientos del Poder Ejecutivo en turno, fue la permanente, intensa y extensa participación en la lucha contra el crimen organizado, en respuesta a las peticiones expresas de las autoridades civiles locales, previa autorización del Comandante Supremo. Además de la erradicación e intercepción, se adicionaron las tareas de vigilancia, disuasión y confrontación a la delincuencia en cualquiera de sus negativas expresiones”.

 

Poder corruptor

 

Municipios como San Fernando y Matamoros, en Tamaulipas, evidenciaron la capacidad corruptora y de violencia del crimen organizado, al haber propiciado la renuncia, remoción o deserción en la totalidad de la policía municipal para ser sustituida por elementos de la Policía Militar.