La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional en contra de la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación por las modificaciones hechas al Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, que permite la instalación de las máquinas “tragaperras”.

 

La controversia entró a trámite el 7 de diciembre pasado y se turnó al ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, quien negó la suspensión de la instalación de este tipo de máquinas, que se caracterizan porque hay que introducirles monedas, billetes o fichas, con la intención de obtener un premio.

 

Por lo anterior, no será sino hasta que el pleno de la Corte resuelva si las modificaciones hechas por el Ejecutivo federal y el secretario de Gobernación contravienen la Constitución, para que dejaran de instalarse.

 

De acuerdo con el documento presentado ante el Poder Judicial Federal, el Legislativo está también en contra de que el Consejo Consultivo, que es el que expide los permisos para este tipo de establecimientos, no esté obligado a tomar en cuenta la opinión de la Dirección General de Juegos y Sorteos.

 

De acuerdo con fuentes consultadas en la Cámara Baja, la motivación de los legisladores de presentar la controversia es que las referidas máquinas expendedoras pueden representar un fraude.

 

De acuerdo con el recurso presentado por los legisladores, se contravienen los artículos 2 párrafo tercero y quinto, y el tercero, fracción V, así como el 9 y 10, en sus fracciones III y IV.

 

También el 15 fracción III y se adicionan las fracciones I bis y XII bis del Artículo 3, la V del Artículo 10, y un segundo párrafo al Artículo 20, el cual habla sobre los permisos y la imposibilidad de que operen varios establecimientos con un mismo permiso.

 

Invocan, además, el Artículo 39 bis, que está relacionado con los centros de apuesta remotos y salas de sorteos de números seleccionados.

 

El pasado 2 de enero, el Poder Legislativo federal interpuso otro recurso para inconformarse por la determinación de la Corte de no otorgarles la suspensión para la instalación de máquinas “tragaperras”, mientras se desahoga la controversia.