La Cámara de Diputados aprobó el decreto que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

 

Con la mencionada ley se pretende una mayor coordinación para frenar la inseguridad y actos delictivos en el país y establecer políticas públicas en el ámbito policiaco, social, económico y comunitario.

 

En la sesión ordinaria en San Lázaro los legisladores aprobaron con 291 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el decreto que fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación.

 

El decreto propone articular todos los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

 

La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Teresa Incháustegui, expuso en tribuna que la nueva ley corrige la visión punitiva de la política de seguridad pública.

 

Además, aseguró, plantea el enfoque integral con el fin de disminuir los factores de riesgo en los sectores vulnerables para evitar que incurran en conductas violentas y delictivas, y permitirá también iniciar la reconstrucción del tejido social.

 

En tribuna y a nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Arturo Zamora Jiménez destacó que por primera vez se cuenta con un ente jurídico que coordinará a los tres órdenes de gobierno en materia de prevención del delito.

 

Señaló que además se incluirán temas de educación y atención a personas en riesgo de incurrir en actos delictivos.

 

“Se crea una política de Estado en materia de prevención de delitos desde una perspectiva social y no sólo en el ámbito de persecución o de incremento de penas para evitar que haya más mexicanos víctimas de delitos, y más mexicanos que incurren en prácticas delincuenciales”, agregó.

 

Por su parte, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), María Antonieta Pérez, comentó que en el presente sexenio se ha realizado la mayor inversión en infraestructura educativa y de salud.

 

Sostuvo que el PAN asume la responsabilidad de la prevención social de la violencia desde ámbitos comunitarios y participativos con el fin de prevenir la comisión del delito.

 

En la nueva ley, señaló, se promoverá “el conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la violencia y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones”.

 

A su vez, el diputado de Nueva Alianza, Gerardo del Mazo, expuso que los objetivos de la nueva ley son coadyuvar con la formación de ciudadanos preocupados por la preservación de la armonía y promotores del bien común, así como disminuir los niveles delictivos en los medios rural y urbano.

 

Para lograr sus objetivos planteó “articular un esquema institucional para los gobiernos de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios que permitan la coordinación de programas para combatir las causas y factores del delito”.

 

“Queda claro que la pobreza, en sus tres niveles: alimentario, patrimonial y de capacidades mientras no se eliminen las condiciones que la propician, será uno de los factores de riesgo más importantes en el contexto social para alentar la violencia y la delincuencia”.

 

La ley, que se tuvo como base en la iniciativa que la diputada del PRI, Alma Carolina Viggiano Austria, presentó añadió que “se establecerán programas para modificar las condiciones sociales de la comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación”. destacó.