Las organizaciones México SOS, que dirige Alejandro Martí y Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, señalaron “diversas debilidades y vacíos” en la Ley General de Víctimas promulgada hoy por el presidente Enrique Peña Nieto.

 

Los activistas, quienes perdieron a sus hijos víctimas de la violencia, advirtieron que se pone en riesgo la viabilidad operativa de esa norma, que además consideraron se contrapone con principios constitucionales.

 

Ambos organismos de defensa de las víctimas, coincidieron en llamar a los legisladores a que asuman “un compromiso real con la ciudadanía y presentar las iniciativas correspondientes para enmendar y dotar a la ley de los instrumentos necesarios para la verdadera atención a las víctimas”.

 

En un comunicado, la asociación que preside Wallace plantea que la Ley General de Víctimas no responde a las necesidades de todas las víctimas y sus familiares. “Nos preocupa que además de que la ley es inconstitucional y se publica así, no cuente con recursos económicos para las víctimas. Se crea burocracia y provoca la revictimización, por eso hacemos un llamado urgente a las cámaras a corregir esta ley y anticipamos que en breve estaremos presentando la nueva iniciativa”.

 

En tanto,  Alejandro Martí consideró que esta debe revisarse para hacer realidad la atención a los afectados por las víctimas.

 

Esa normatividad, señaló por separado México SOS, no establece cómo deberán participar e incidir las organizaciones de la sociedad civil en el Consejo ni prevé un esquema en el que el Estado deba reparar el daño cometido por un particular, lo que implica que los contribuyentes tendrían que cubrir el daño causado por un delincuente.

 

Martí enfatizó que la Ley General de Víctimas compromete a entidades federativas que carecen de competencia en relación a la atención de los afectados e indicó que prevé que la comisión ejecutiva, los grupos de víctimas o algún organismo público o autónomo de protección de los Derechos Humanos tenga la facultad de llamar a comparecer a funcionarios públicos federales estatales y municipales; sin embargo, sólo el poder legislativo tiene la facultad constitucional de hacerlo.