La creación de un Código Penal único por parte del presidente Enrique Peña Nieto reabrirá el debate nacional sobre la despenalización del aborto y diversos delitos que se contraponen en las legislaciones de los 31 estados y la capital del país.
Según especialistas, legisladores y promotores de la Interrupción Legal del Embarazo, al avanzar en la unificación del derecho penal plantea el riesgo de que las mujeres en la Ciudad de México pierdan el derecho a decidir sobre su cuerpo, pero también podría replantear la discusión para que esta libertad sea de aplicación nacional.
Actualmente, el Código Penal Federal en el Artículo 329 considera el aborto como "la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez", y de esta misma forma se asienta en varios estados de corte conservador, como Guanajuato.
En contraste, en el Código del DF, donde gobierna la izquierda desde 1997, se señala que aborto es "la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación".
El pasado 1 de diciembre, tras rendir protesta como Presidente, Peña Nieto manifestó dentro de su estrategia nacional de seguridad la homologación de los códigos Penal y de Procedimientos Penales y anunció que enviará la iniciativa al Congreso de la Unión: "Hay en el país 33 códigos penales, sin considerar el Código Penal del Ejército, o de fuero militar, que castigan de manera distinta los mismos delitos. Ello dificulta la acción de la justicia”.
“En caso de aprobarse esta reforma por el Constituyente Permanente, se dará un importante paso contra la impunidad", dijo en Palacio Nacional.
A un mes y medio, Peña aún no ha hecho pública la propuesta ni si habrá una reforma constitucional o trabajo coordinado con las 32 entidades para lograr la homologación del Código Penal de forma paulatina.
El doctor Enrique Díaz Aranda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que sería un gran paso que daría certeza jurídica si se apega a la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.
No obstante, advirtió que la propuesta se enfrentará en primera instancia al conflicto político que nace del riesgo de los estados a perder sus facultades para legislar en materia penal: "Van a surgir problemas de federalismo, pero es un asunto político, en los Estados de Derecho se exige unidad en los criterios: muchos códigos no tienen sentido. Lo que debe existir es uno solo porque eso garantiza la certeza jurídica. Así aplica en España, Alemania y otros países".
Precisó que la idea de Peña Nieto se debate en el ámbito jurídico desde 1950.
Detalló algunos casos a considerar: algunos estados aún tipifican el adulterio; en el DF el aborto se penaliza después de la décima segunda semana de gestación y en Chihuahua el homicidio de una mujer no se sanciona como en el DF.
Por ello, afirmó que lo principal es definir si se tomará algún código del país como referencia o se construirá uno nuevo.
"Si lo hacemos de una forma no solamente política, sino debidamente analizada y tomando en cuenta la reforma constitucional de derechos humanos esta es una gran oportunidad para tener una buena legislación penal, pero si lo hacemos al vapor, vamos a tener un gran dolor de cabeza”.
Para Eduardo Santillán, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM e integrante de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, la forma en que se presente la iniciativa será de relevancia porque si es a través de una reforma constitucional "se estaría ante el riesgo de la centralización del derecho penal, lo cual sería un retroceso en materia de federalismo".
Jorge Carlos Díaz Cuervo, promotor de la despenalización del aborto en el DF, aseguró que la idea de un solo Código Penal para toda la Federación pone en riesgo derechos de tercera y cuarta generación, como la Interrupción Legal del Embarazo en el DF.
"La imposición de un solo Código Penal cancela visiones particulares que den respuesta a la pluralidad que caracteriza al país".
Por lo anterior, consideró, sería más conveniente, democrático y federalista "impulsar un proceso de armonización de elementos legales cuantitativos y procesales dejando que los tipos delictivos se ajusten a criterios y realidades diversas".
Manuel Granados, presidente de la Asamblea Legislativa, advirtió que la salida es avanzar en la homologación, pero de delitos de alto impacto y tomar como modelo el Código Penal de la Ciudad de México.
El 21 de mayo de 2012, en pleno proceso electoral, un grupo de intelectuales y políticos de izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio Aguayo, Juan Ramón de la Fuente, Marta Lamas, Ruth Zavaleta, entre otros, preguntó a Enrique Peña Nieto si estaba de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo. "Estoy a favor de la vida y a favor de no penalizar el aborto. Estoy convencido que este asunto lo deben resolver las legislaciones estatales", respondió.
Algunos conflictos
—Los estados perderían su facultad de legislar en temas penales
—En el tema de la interrupción legal del embarazo, hay estados que la criminalizan y otros (como el DF, que la permiten
—El adulterio aún es considerado delito en determinadas entidades
—Las penas de cada delito varían casi en todos los estados
—Los tiempos electorales varían en cada estado, y esto ofrece diferentes alicientes políticos para emprender una reforma así
—Hay delitos que en algunas entidades no existen, como “feminicidio”.
La propuesta
A través de la comisión de Equidad y Género, que encabeza la diputada Martha Lucía Mícher, el PRD impulsará en la Cámara de Diputados que la interrupción legal del embarazo se integre al Código Penal Único, el cual figura en el Pacto por México.
Además, buscará que se tipifique como delito todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres, amén de integrar los temas de los tratados internacionales en la materia, “ya que son ley en nuestra Constitución”.
Mícher dijo que propondrán la obligatoriedad de especializar a los operadores de justicia para evitar la revictimización durante el proceso de investigación a las mujeres víctimas del delito de violencia, incluir la debida diligencia y que la investigación se realice con “lentes de género”. SUZZETE ALCÁNTARA
