El racional para expedir un reglamento a la Ley de Juegos y Sorteos en el 2005 fue para regular, reglamentar y transparentar las ferias, palenques y eventos tradicionales que cada año tenían que pedir un permiso a la Secretaría de Gobernación para llevar acabo juegos de lotería, las apuestas de gallos en los palenques y demás concursos.
En aquel entonces se estimaba que funcionaban cerca de tres mil ferias en el país, en las cuales podía haber hasta 10 peleas de gallos diarias, donde se jugaba hasta medio millón de pesos por encuentro. El reglamento haría que este proceso fuera más transparente y a su vez se protegieran “los usos y costumbres” de las ferias. A este argumento se sumo que los casinos podrían aumentar la competitividad del sector turismo en México, ya que un nuevo segmento visitaría al país.
Sin embargo, ninguno de los dos casos sucedió. Hoy en día las ferias deben comprobar que tienen una asistencia de más de 250,000 personas y existía, con la administración de Felipe Calderón, un proceso poco transparente. El turismo de los jugadores premium nunca llegó y se ha incrementado el número de viajeros mexicanos a Las Vegas, menos del 30% de los casinos se encuentran en zonas turísticas del país y ningún hotel en el país tiene un establecimiento de juego cerrado.
Lo que sí heredó el nuevo gobierno es un proceso lleno de corrupción y un instrumento más para facilitar el lavado de dinero en el país. La Segob nunca asumió sus funciones de ente regulador del sector, faltaron inspecciones y no se cerraron los centros de juego clandestinos que todavía existen en México. Además, no hubo un esfuerzo de la administración pasada para elevar las multas y sanciones establecidas por violar la Ley de Juegos y Sorteos, que establece un máximo de 2 años de prisión y multas con un tope de 10 mil pesos.
La actual Ley y reglamento tienen fallas, que no permiten a la Segob supervisar la operación de los centros de apuestas. Por ejemplo, en el articulo 29 del reglamento se establece que los permisionarios para la organización de juegos con cruce de apuestas en hipódromos, galgódromos, frontones, así como para la operación de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números, deberán entregar a la Segob estados financieros trimestrales y anuales. Sin embargo, no hay un catalogo de cuentas con definiciones para homologar la información y poder analizarla.
De los 31 grupos empresariales que deberían entregar información, 7 de ellos han incumplido este requisito, 2 por causas judiciales y los demás no presentan justificación alguna. Bastaría revisar la diferencia entre la calidad de información que se reportó al 30 de septiembre de 2012 para diferenciar las operaciones de estos grupos financieros. Por ejemplo, el grupo Entretenimiento México, de Arturo Rojas Cardona, reportó que en el 1er semestre de 2012 arrastra pérdidas por más de 100 millones de pesos y tiene deudores por otros 29 millones de pesos. El monto de las pérdidas es el doble del capital social que tiene la empresa y aun así continúo operando bajo la administración de Felipe Calderón.
En los primeros 9 meses de 2012, el sector de juegos y sorteos reportaba ingresos de más de $900 millones de dólares, pero no sabemos cuál fue el flujo que atravesó por estos negocios. Es práctica internacional que los casinos estén sujetos a disposiciones y normas para prevenir el lavado de dinero, tanto para los operadores como los clientes. En México no contamos con estas herramientas, por lo que se facilita la entrada de dinero proveniente del crimen organizado al sistema financiero. Todo un reto tiene el Secretario Osorio Chong para crear un marco regulatorio que discrimine el dinero licito del ilícito.
