La Auditoria Superior de Michoacán extravió la declaración patrimonial del ex alcalde de Lázaro Cárdenas y ex diputado federal por el PRD, Julio César Godoy Toscano, a quien se le acusa de tener nexos con La Familia Michoacana, así como de Antonio Cruz Lucatero, a quien se le sigue una investigación por presuntos nexos con el Cártel del Golfo.

 

El órgano fiscalizador dijo que los expedientes sobre los bienes de los citados ediles “desaparecieron”.

 

De acuerdo con fuentes del Congreso local, la desaparición de los expedientes ocurrió después de que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó, en diciembre pasado, copias de las 40 declaraciones patrimoniales de los ex presidentes municipales y funcionarios involucrados en el Michoacanazo.

 

La petición la hizo el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), al auditor José Luis López Salgado.

 

Sin embargo, el titular de la Auditoria no respondió el oficio y se lo turnó al presidente del Congreso de Michoacán, Víctor Silva Tejeda, quien pidió que el auditor entregara la información. Sin embargo, de nuevo no se atendió la solicitud del Congreso.

 

Pocos días después, los expedientes de Julio César Godoy y de Cruz Lucatero fueron robados, pese a estar bajo el resguardo de la oficina de Declaraciones Patrimoniales.

 

Ayer, el propio auditor López Salgado confirmó al Congreso de esa entidad que “dos de los expedientes desaparecieron”.

 

Ligas con el narco

 

Las declaraciones patrimoniales extraviadas corresponden al periodo en que los citados políticos perredistas fueron alcaldes (2006-2009).

 

Godoy Toscano solicitó licencia para contender a una diputación federal y tras haber resultado diputado electo, la PGR le hizo señalamientos de tener nexos con La Familia Michoacana.

 

Sus compañeros lograron esconderlo en la cajuela de un vehículo para que pudiera rendir protesta y tener fuero, pero la Cámara de Diputados aprobó su desafuero el 14 de diciembre de 2010.

 

La prueba en su contra fue un audio, en el cual el medio hermano del ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, hablaba con Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de la entonces Familia Michoacana.

 

Desde su desafuero, Godoy Toscano, quien fue alcalde de Lázaro Cárdenas, está prófugo.

 

En el caso del ex presidente municipal de Apatzingán, Antonio Cruz Lucatero, aunque no forma parte del Michoacanazo, la PGR solicitó su expediente porque está sujeto a la investigación PGR/SIEDO/UEDIC/2006-04, por supuestos vínculos con distribuidores de metanfetaminas.

 

Según la indagatoria federal, tiene relación con Alfredo Fulgencio Saucedo y Raúl Flores Olivo, lugartenientes del cartel del Golfo.

 

Además, durante su periodo como alcalde en 2006, su director de Seguridad Publica, Gabriel Torres González, fue acusado de tener vínculos con el Cártel del Golfo, y se realizó un operativo federal para tratar de aprehenderlo, pero cuando acudieron a la comandancia, el alcalde dijo que estaba de vacaciones, y al días después de que no volvió, anunció que lo había cesado y era prófugo de la justicia.

 

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