BARCELONA. Un tribunal español ordenó hoy investigar la querella presentada por los bombardeos por parte del ejército italiano entre 1937 y 1939 en Barcelona, medida que supone la primera vez que en España la justicia abre diligencias por crímenes de la Guerra Civil.
La Audiencia de Barcelona revocó una decisión anterior del juzgado de instrucción número 28 de la capital catalana de no admitir a trámite la querella, al considerar que los hechos descritos en la misma pueden constituir delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La Audiencia admitió las diligencias que planteaban los querellantes, la asociación de italianos antifascistas residentes en Barcelona Altra Italia y dos víctimas de los bombardeos, y ordena identificar a los militares y civiles italianos responsables de los ataques aéreos.
Para ello se llevarán a cabo comisiones rogatorias a la República de Italia.
El auto judicial recuerda que los bombardeos del ejército italiano sobre barrios altamente poblados de Barcelona “se caracterizan porque era un objetivo civil, dado que el frente de guerra estaba muy alejado”, y sirvieron como “laboratorio de pruebas” para futuros crímenes similares.
Concluye que los bombardeos sobre civiles suponen “la comisión de crímenes en masa castigados por la ley, por cualquier ley, en todo tiempo y lugar”, por lo que “pueden y deben ser investigados por los tribunales españoles”.
La admisión de esta querella, presentada el año pasado en los juzgados de Barcelona después de que la Audiencia Nacional española rechazara su competencia para investigarla, supone la primera vez en España que un tribunal acepta aplicar la legislación internacional sobre crímenes de guerra y lesa humanidad para indagar en actos de la Guerra Civil española (1936-1939).
El juzgado de instrucción número 28 de Barcelona archivó la querella por los ataques aéreos, arguyendo que los autores de los hechos no están identificados y debido a su “falta de concreción”.
Sin embargo, la Audiencia considera que “no cabe la menor duda” de la certeza de los hechos denunciados, “al haber sido investigados y contrastados por numerosos historiadores de distintas nacionalidades, cuyo prestigio está fuera de dudas”.
La querella se dirige contra 21 oficiales del ejército italiano que formaban parte de la “Squadra Legionaria Baleares” y concreta los nombres de algunos de los mandos políticos italianos y españoles que presuntamente los “pactaron y ordenaron”, como Benito Mussolini, Conde Ciano, Ramón Serrano Suñer o Francisco Franco.
La sala ordena averiguar la identidad de los copartícipes en los bombardeos y determinar si siguen vivos, a través de las correspondientes Fe de Vida.