La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede determinar responsabilidades de los funcionarios involucrados en el caso Cassez, quienes violaron sus derechos y que llevaron al dictamen y posterior puesta en libertad de la francesa acusada de secuestro.
La ministra Olga Sánchez Cordero, destacó que aunque valoraron la actuación de las autoridades responsables en el caso, tal como fue retratado en los dos factores irregulares del proceso, la corte no tiene facultades constitucionales para pronunciarse al respecto.
En entrevista radiofónica, la integrante de la Primera sala de la SCJN dijo que la decisión tomó en cuenta dos factores principales: que se trastocó la presunción de inocencia de la ciudadana francesa por un efecto corruptor (el montaje televisivo realizado por la Agencia Federal de Investigaciones , AFI) y la violación del principio de inmediatez para ser presentada ante las autoridades, resultado de que no tuvo asistencia consular durante varias horas.
Sanchéz Cordero recalcó que la decisión tomada ayer para ordenar la liberación de Florence Cassez Crepin, acusada de secuestro, sólo se refirió a la violación de su proceso judicial y no respecto a su inocencia o culpabilidad.
Ayer, cuando se dio a conocer el fallo, la ministra expuso a diversos medios de comunicación que su deber como juez constitucional es velar por el estado de derecho, y así lo hicieron sus compañeros de la SCJN en torno al caso de Cassez Crepin, que fue detenida en 2005 y sentenciada a 60 años de prisión por se presunta integrante de la banda de ‘Los Zodiaco’, que lidereaba Israel Vallarta.
El abogado Jesús Robles Maloof, activista y miembro de la organización Propuesta Cívica, señaló que a pesar de que la decisión de la SCJN es “polarizante”, ello puede “sentar las bases para prevenir manipulaciones mediáticas”, en referencia a la grabación que hizo el entonces director de la AFI, Genaro García Luna para ‘ilustrar’ la detención de la presunta banda de secuestradores.
Cassez ya se encuentra en Francia.