El gobierno griego utilizará poderes extraordinarios de emergencia para obligar a que los trabajadores huelguistas del tren subterráneo vuelvan a las labores el jueves, y quienes no lo hagan podrán ser arrestados, en un nuevo capítulo de una agria disputa de ocho días en torno de las medidas de austeridad en el país.

 

Los sindicatos, que protestaban contra una serie de recortes salariales, se habían negado a que sus agremiados volvieran al trabajo pese a una orden emitida el miércoles en la noche por una corte para que lo hicieran. Ante esa negativa, el ministro del Transporte, Jostis Hadzidakis, anunció que el gobierno impondría la medida de movilización civil, bajo cuyos términos, los trabajadores que sigan en huelga podrían ser condenados incluso a cinco años de prisión.

 

La huelga en el metro y el resto del transporte público en esta semana ha provocado un caos en las horas de mayor tránsito en Atenas, y ha obligado a que muchos habitantes utilicen taxis o caminen hacia sus centros de trabajo.

 

“Los sindicalistas han decidido seguir el camino de una confrontación ciega, así como adoptar métodos irracionales de huelga”, dijo Hatzidakis al anunciar la medida, luego de reunirse con el primer ministro Antonis Samaras.

 

“Como resultado de sus acciones, están ocasionando dificultades para Atenas y su sociedad, y generan un problema financiero grave a la ciudad… No podemos hacer otra cosa que proceder con la medida de la movilización” civil, añadió Hatzidakis.

 

Bajo una ley promulgada en 2007 para enfrentar “emergencias en tiempos de paz”, el desafío de una orden de movilización civil conlleva una sentencia mínima de tres meses de cárcel, y una máxima de cinco años.

 

La continuación de la huelga pese a la orden judicial y a las amenazas del gobierno constituiría un desafío directo a las medidas más recientes de austeridad en Atenas.

 

Los trabajadores del metro han rechazado los planes de revocar sus contratos actuales como parte de una reforma más amplia a la remuneración de los empleados del sector público. El sindicato señala que la medida los llevaría a perder un 25% de sus salarios en promedio.

 

Estos recortes han sido impuestos a fin de cumplir las exigencias de los acreedores internacionales a cambio de los préstamos de rescate que necesita el país. Las condiciones de los préstamos han agravado las penurias económicas. Grecia está en su sexto año de recesión, con un índice de desempleo que rebasa el 26%.