La bancada del PRI interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para que los mandos de seguridad pública federales no sean ratificados por el Senado. El recurso legal le fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

 

Los cargos que hasta ahora deben ser ratificados, y que son motivo de la impugnación, son los del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

En el primer caso, el encargado de despacho es el subsecretario de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Gobernación, Manuel Mondragón y Kalb, mientras que en el SESNSP aún no se define, aunque el encargado es Jaime López Aranda Trewartha, titular del Centro Nacional de Información de dicha dependencia.

 

El pasado 11 de diciembre, el Senado de la República aprobó que en el caso de ambos cargos del gabinete de Seguridad, quienes sean propuestos por el presidente deberán ser ratificados por esa Cámara; casi de inmediato, los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados advirtieron que impulsarían un litigio para que las designaciones sean sólo del Ejecutivo federal, sin pasar por controles camerales.

 

El amago de los 172 legisladores del PRI se cumplió el jueves 17 de enero, cuando interpusieron la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma impulsada por el Senado, por considerar que una facultad del presidente de la República es designar, de forma directa, a ambos funcionarios de seguridad.

 

La semana pasada, la Corte dio entrada a la acción de inconstitucionalidad, pues consideró que es procedente, y la misma se turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se estrenó como ministro apenas el 3 de diciembre pasado.

 

La primera determinación sobre el recurso de los diputados federales del PRI será que los mandos no puedan rendir protesta oficial en sus cargo, hasta que la Suprema Corte determine si la razón de constitucionalidad le asiste al Senado, para hacer las ratificaciones de los funcionarios federales en mención, o si es una facultad exclusiva del presidente de la República, sin que tenga que pasar por un control cameral.

 

Apenas el lunes, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth, declaró a 24 HORAS que “es lamentable que el PRI rechace la existencia de controles camerales para la designación de los funcionarios que están encargados de la seguridad del país”.

 

Dato

 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de diciembre pasado, establecen que el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deben ser ratificados por el Senado, a propuesta del PAN y PRD.

 

“Vamos a ganar”: PRI

 

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, en voz de su vicecoordinador jurídico, Héctor Gutiérrez de la Garza, señaló que en su fracción “estamos seguros que vamos a ganar” la acción constitucional que interpusieron con respecto a la Ley Orgánica de la Administración Púbica.

 

Subrayó que la acción fue presentada debido a que el Congreso de la Unión no puede arrogarse atribuciones para ratificaciones de ningún cargo del Ejecutivo, que no esté previsto en la propia Constitución; de ahí que el recurso inconstitucionalidad haya sido enviado a la SCJN.

 

El diputado priista apuntó que dicha denuncia “no suspende” absolutamente ninguna acción u obligación de la propia reforma, sino simplemente se busca dejar en claro que la autoridad “no puede estar encima de la Constitución”, lo que tampoco signifique una lucha entre Cámaras legislativas. Suzzete Alcántara