Al rendir su informe anual en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, señaló que durante el 2012, la dependencia federal que se negó a aceptar las recomendaciones emitidas por el organismo fue la ahora desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, en específico sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero.

 

Afirmó que la dependencia a cargo de Genero García Luna, tampoco envío la documentación sobre el conflicto ocurrido en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y en donde perdieron la vida dos personas.

 

Plascencia Villanueva, indicó también que de las 93 recomendaciones emitidas por el organismo a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno; el gobierno del estado de Sonora; los ayuntamientos de Charcas, Salinas de Hidalgo, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí; y el ayuntamiento de El Salto, en el estado de Jalisco, también rechazaron las sugerencias.

 

El ombudsman nacional explicó, que durante 2012 se recibieron 41 mil 662 escritos de queja y se prestaron 371 mil 522 servicios, lo que implicó un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo a la sociedad en general.

 

Entre los 10 organismo más señalados en violar los derechos humanos son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Nacional de Migración (INM), y la Secretaría de Marina (Semar).

 

Asimismo detalló que se resolvieron 4 mil 781 asuntos, en los que la autoridad asumió plenamente la responsabilidad sobre violaciones a los derechos humanos y adoptó medidas eficaces para su reparación; aunque reconoció que aún cuando hay avances en los últimos años en la materia, “han reaparecido violaciones que se creían desterradas y que es urgente corregir”.

 

Raúl Plascencia, enfatizó que los cuerpos de seguridad pública deben ser los primeros en observar las leyes, “de lo contrario, no sólo no se cumple con la función para la cual existen, sino que se alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuelve generadora de la violencia que en realidad debería combatir”.

 

Apuntó que casos como las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos y degradantes, la tortura, los cateos y detenciones ilegales, en su mayoría están vinculados con el actuar de las instancias de seguridad pública; siendo los periodistas y defensores civiles quienes continúan desempeñando su labor en un ambiente adverso.