Si revisan con cuidado los 94 compromisos firmados en el Pacto por México por el presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes de los tres principales partidos políticos, probablemente llegue a la conclusión que, a pesar de la larga lista, el éxito político del Pacto en realidad se resume a un puñado de decisiones que deberá tomar el propio Peña Nieto y, en su momento, el Congreso.
Y más aún. En ese puñado de decisiones que tienen sobre la mesa el actual inquilino de Los Pinos y el Legislativo, destacan aquellas decisiones que, en una medida u otra, representan o un abierto enfrentamiento a los llamados poderes fácticos o una negociación en la que éstos últimos deberán ceder terreno.
En ese sentido ha llamado la atención de los observadores de la política mexicana y de los juegos del poder, las acciones emprendidas por Peña Nieto y su gobierno -incluso antes de tomar posesión de la Presidencia- con resultados que, si bien generan polémica, son vistos y señalados como eficaces y hasta contundentes.
La voluntad y flexibilidad política que logró en su propio partido para sacar adelante la reforma laboral es una de esas operaciones en las que se destaca a Peña Nieto. Lo mismo ocurrió con las reformas constitucionales aprobadas en diciembre pasado en materia de transparencia y acceso a la información pública que posibilita a los ciudadanos demandar información detallada del gasto público no sólo al gobierno federal, sino también a los gobiernos locales a través del IFAI. Reformas que para su aprobación requirieron un trabajo político previo con la bancada priista en el Congreso, pero también la anuencia (o no) de los gobernadores del partido en el gobierno.
En estos días la Cámara de Diputados está por aprobar una serie de reformas a la Ley de Amparo, impulsadas fuertemente desde Los Pinos, y en la que las grandes empresas televisoras y de telecomunicaciones ya no podrán utilizar el recurso del amparo para frenar decisiones y acciones del gobierno que interfieren en sus negocios aunque lastimen a los consumidores.
Por cierto, un recurso que ha servido en los últimos años para hacer crecer sus negocios generalmente dominantes en los mercados en los que participan.
La pregunta que salta a todo esto es si la demostrada fortaleza política de Peña Nieto es síntoma de que ya saldó sus presuntas deudas con los poderes fácticos como, por ejemplo, con las televisoras.
Y es que difícilmente se entienden decisiones políticas como éstas -impensables por cierto hasta hace un poco de tiempo durante el gobierno de Felipe Calderón o, incluso antes, bajo la Presidencia de Vicente Fox- sin tener las manos medianamente sueltas para operarlas e impulsarlas dentro de las facciones de su propio partido y frente a los poderosos intereses económicos.
Ya veremos de lo que se trata, porque en los próximos meses vendrán desafíos de gran calado -como las reformas a la ley de competencia o a la ley federal de telecomunicaciones, incluyendo la licitación en televisión abierta- y que nos dirán a ciencia cierta, si efectivamente estamos frente a un Presidente que decidió soltarse las manos, echarse al hombro a su partido, negociar con la oposición y emprender reformas aun y con el desafío de los poderes fácticos, o sólo fue un buen intento que se quedó a medias.
Eso lo sabremos pronto.
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