En este año, Estados Unidos proyectó para México 234 millones de dólares como parte de la Iniciativa Mérida, pero su entrega está en suspenso hasta que el gobierno de ese país reciba un informe con los detalles de la estrategia que se adoptarán en la lucha contra el crimen organizado durante la administración de Enrique Peña Nieto.
En el presupuesto de este año, el gobierno estadunidense programó, en total, 269.5 millones de dólares para México sobre todos los temas de seguridad, desde tecnología, equipo y programas de entrenamiento, entre otros rubros. El 87% corresponde a la Iniciativa Mérida y es el que se ordenó retener. Sólo se continuará la entrega del resto del dinero destinados, principalmente, a capacitación.
Este diario solicitó información a la oficina del senador por el estado de Vermont, Patrick Leahy, que desde la presidencia del Subcomité del Departamento de Estado y Operaciones Extranjeras del Senado, se ha pronunciado por detener los recursos a México.
A través de una tarjeta enviada por la oficina del senador se respondió a 24 HORAS, y en ella se detalla que miembros del equipo de Leahy se reunieron con oficiales de la embajada mexicana y confirmaron que se está planeando una nueva estrategia, pero no dieron más detalles.
“El senador Leahy quiere saber cuál es la mejor manera de apoyar a México –se afirma en la tarjeta-, pero hasta que más datos estén disponibles los fondos permanecerán guardados”.
Patrick Leahy
Para qué es el dinero
Los 234 millones de dólares de la Iniciativa Mérida están destinados a varios programas, el más importante es el denominado Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés), con el que se financian todos los requerimientos para la lucha contra el crimen en México, ya que es un fondo creado como parte de la responsabilidad compartida ante el problema de la delincuencia organizada.
La Iniciativa Mérida también incluye el Fondo de Soporte Económico (ESF), que fue establecido por Estados Unidos para ayudar a los países a corto y largo plazo en necesidades políticas, económicas y de seguridad.
Desde que se comenzaron a aplicar los recursos de la Iniciativa Mérida en México, Estados Unidos definió que éstos serían dirigidos a diferentes programas vinculados a la prevención, persecución y aplicación de sanciones en las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública federal, de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, de Salud, de Relaciones Exteriores y de Gobernación; así como la Procuraduría General de la República y hasta la Presidencia de la República.
Estos recursos se han empleado para la compra de equipo, armamento, tecnología, programas vinculados al nuevo sistema penal acusatorio, prevención del delito, la protección a periodistas, entrenamiento a funcionarios públicos, estrategias anticorrupción y ampliación de los esquemas de testigos protegidos, por ejemplo.
Una muestra de los recursos que se han aplicado por parte de Estados Unidos y de los motivos que le generan desconfianza al gobierno de ese país lo representa Plataforma México, que fue equipada prácticamente en su totalidad con recursos de Iniciativa Mérida, que estaba a cargo de la hoy desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal y que se estaba constituyendo en una herramienta de información de inteligencia táctica contra el crimen organizado. Sin embargo, desde diciembre pasado, cuando comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto, sólo de esa área han sido despedidos más de 15 funcionarios que habían sido entrenados y certificados por Estados Unidos, y ahora la dirige León David Pérez Hernández, un psicólogo, pasante de ingeniero que no tiene nada de experiencia en tareas de inteligencia policial.
Los recursos que sí fluyen
Los 35.5 millones que sí continúan fluyendo a México incluyen, principalmente, los programas de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), que se utiliza para fortalecer la cooperación militar entre ambos países y el de Asistencia para el Desarrollo (DA), con el que se financian programas en áreas de seguridad alimentaria, cambio climático, educación básica y superior, crecimiento económico, gobierno justo y democrático y amplía los esfuerzos en áreas de innovación y ciencia y tecnología.
Otros de los programas que no han sido detenidos por el gobierno estadounidense son el de Educación Militar Internacional y Entrenamiento (IMET), que se enfoca en la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y el de los programas relacionados con la no proliferación del terrorismo.
Hasta el momento, se precisa en la tarjeta de la oficina del senador Leahy, sólo se han liberado 18 millones de dólares para pagar salarios y costos administrativos.
Los recursos que continúan fluyendo:
| Programa | Millones de dólares |
| Asistencia para el Desarrollo (DA) | 23 millones de dólares |
| Financiamiento Militar Extranjero (FMF) | 7 millones de dólares |
| Programas Relacionados con la No proliferación y Antiterrorismo (NADR) | 4 millones de dólares |
| Eduación Militar Internacional y Entrenamiento (IMET) | 1.5 millones de dólares |
Los programas en suspenso:
| Programa | Millones de dólares |
| Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE) | 199 millones de dólares. |
| Fondo de Soporte Económico (ESF) | 35 millones de dólares |
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