La impunidad que impera en el país está directamente relacionada con el incremento de más de 100% en las cifras de menores de 18 años involucrados en la comisión de delitos en los últimos seis años.
Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) dan cuenta de que mil 685 casos reportados en 2011, cuando en 2006 sumaban 768 los casos de menores de 18 años señalados como presuntos responsables por delitos federales -principalmente portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud-.
En su estudio La Infancia Cuenta 2012, el organismo refiere que con cifras del Sistema Institucional de Información Estadística de la Procuraduría General de la República (PGR), Baja California Sur es el estado con mayor índice de delitos federales cometidos por menores de edad con 210 presuntos responsables en 2011, seguido por Guanajuato con 176, Jalisco 158, Distrito Federal 123, Sonora 97, Tamaulipas 90 y Nuevo León 83.
Para Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, existe una relación directa entre este fenómeno y la impunidad que impera en el país, ya que, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), sólo 1% de los crímenes en el país recibe un castigo.
“No tenemos que olvidar que la participación de menores en hechos criminales está asociada con adultos, esto implica que en la medida que se logre abatir la impunidad se reducirá también la concurrencia de jóvenes en delitos”, dijo.
En este marco, el Instituto Mexicano por los Derechos Humanos y la Democracia, la Defensoría de los Derechos de la Infancia y la propia Redim, promueven el cumplimiento de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justica decretada en 2008 para transitar del viejo modelo judicial inquisitorio al acusatorio, fundamentado en el régimen de derechos humanos.
A través de la campaña “Reforma Penal MX con un click”, estas organizaciones invitan a la población a exigir a las autoridades que se aplique esta reforma a nivel nacional, la cual tiene hasta 2016 para implementarse en todas las entidades y, a la fecha, sólo opera en tres.
Durante la presentación de esta iniciativa, Margarita Griesbach, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), dijo que la reforma penal ofrece un sistema de justicia mucho más compatible con los derechos de los niños, además de que reducirá la impunidad de los delitos y la probabilidad de que los menores de edad se enfilen con el crimen.
“La consideración de la infancia en las políticas públicas nacionales brilla históricamente por su ausencia, y es que los gobiernos no han tomado en cuenta el impacto que tiene el mundo adulto sobre la infancia, cuando evidentemente forman parte de esta sociedad y todo lo que sucede en ella les afecta”, comentó.
La modificación al artículo cuarto constitucional, en octubre de 2011, define que las decisiones y acciones del Estado deben “velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez”, por lo que retrasar el cumplimiento de la reforma penal afecta este mandato de la Carta Magna, agregó Juan Martín Pérez García.
De las 32 entidades federativas, sólo Chihuahua carece de una legislación en materia de la infancia, señala la Redim en su estudio, y de acuerdo con el Índice de Medición de Calidad de las Leyes, en el marco normativo de los derechos de la infancia elaborado por la asociación, esa entidad junto con Baja California, Morelos e Hidalgo ocupan los últimos lugares nacionales en términos de adecuación de leyes de protección de los derechos de la infancia.
El director de la Redim subrayó que 35% de la población mexicana es menor de 18 años, lo que significa que todo lo que pasa en este país, sea bueno o malo, les afecta, por lo que acatar la reforma de justicia penal significaría que los niños y sus familias pueden tener certidumbre de que serán protegidos.
PROBLEMA DE IMPUNIDAD NO DE EDUCACIÓN
En el estudio La Infancia Cuenta 2012, la Redim destacó una disminución a nivel nacional en el porcentaje de la población entre 12 y 17 años que no estudia ni trabaja, que pasó de 15.6% en el año 2000 a 10% en 2010.
Dicho reporte destaca a Michoacán como el estado con más adolescentes en esta situación, con 13.3% de su población en ese rango de edad en 2010. Le siguen Chiapas (13.2%), Guerrero (11.8%), Oaxaca, Durango y Guanajuato (los tres con 11.4%).
Las estadísticas revelan que las entidades con mayores índices de delitos federales presuntamente cometidos por menores de edad no necesariamente coinciden con aquellos que poseen los mayores porcentajes de jóvenes entre 12 y 17 años que no estudian o trabajan.
Para Margarita Griesbach, es el descontrol de autoridad que se vive en México el que ha llevado a los menores de edad a sumarse a las filas del crimen, tiene que ver precisamente con un sistema de justicia “profundamente incompetente y torpe”.
“El país no puede soportar más la falta de un sistema de justicia óptimo, ya que esto se traduce en más jóvenes siendo utilizados por la delincuencia y saliendo a la calle a cometer delitos”, concluyó la directora de la ODI.