Alguna vez, por la faja de desérticas mesetas y cañones llenos de arbustos que llega al océano Pacífico cruzaban las rutas más populares entre quienes intentaban ingresar ilegalmente a Estados Unidos desde México. Decenas de personas a la vez corrían hacia vehículos que los esperaban o hasta una parada de tranvía en San Diego, pasando junto a agentes que estaban demasiado ocupados deteniendo a otros que también habían entrado al país sin autorización.

 

Hoy, 20 años después, para hacer ese cruce hay que trepar dos muros, uno de los cuales tiene alambre de púas en la parte de arriba, esquivar un ejército de agentes y burlar la vigilancia de cámaras que captan todo lo que sucede.

 

La diferencia, según dijo la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano durante un reciente recorrido por la zona, es la misma que hay entre “un cohete y un carro tirado por un caballo”.

 

Las cifras lo dicen todo: En el año fiscal de 1993 hubo 530 mil arrestos en San Diego y en el 2012 menos de 30 mil.

 

No hay forma sencilla de medir la seguridad de la frontera. Pero muchos tratan de hacerlo en el fragor del debate en torno a una reforma a las leyes de inmigración.

 

“Asegurar la frontera primero que nada” se ha convertido en una expresión obligada cuando se habla de reforma y para numerosos sectores es el punto de partida de cualquier iniciativa de ese tipo.

 

“Hace falta una solución responsable, permanente” a la inmigración no autorizada, afirmó el senador Marco Rubio, republicano de la Florida que trabaja en la elaboración de ese proyecto de ley, durante la respuesta al informe anual del presidente Barack Obama. “Pero primero”, acotó, “tenemos que hacer realidad las promesas incumplidas del pasado de garantizar la seguridad de la frontera y de hacer cumplir nuestras leyes”.

 

De hecho, es más difícil que nunca cruzar sin permiso los 3 mil 144 kilómetros de frontera. San Diego es tan sólo un ejemplo.

 

Dos décadas atrás, menos de 4 mil agentes de la Patrulla Fronteriza vigilaban toda la frontera sudoccidental. Hoy lo hacen 18 mil 500 agentes. Y se ha construido un muro a lo largo de mil 047 kilómetros, la mayor parte desde el 2005.

 

Las detenciones bajaron a niveles que no se veían desde comienzos de la década de 1970. En el año fiscal del 2012 hubo 356 mil 873 arrestos, comparados con los 1.2 millones de 1993, en que nuevas estrategias hicieron que se destinasen más agentes y tecnología a las comunidades fronterizas de California, Texas, Nuevo México y Arizona. En la actualidad hay sensores, cámaras y aviones no tripulados que vigilan la zona.

 

Para quienes viven y trabajan en las comunidades fronterizas, la palabra “seguridad” tiene tal vez otro significado. En Arizona, los ganaderos se burlan de esa expresión. En Nuevo México la gente se preocupa de lo que va al sur, no sólo de lo que viene al norte. En Texas, los residentes creen firmemente que la reforma ayudará a estabilizar el flujo de personas y de drogas.

 

Todos estos lugares han sido transformados. Pero, ¿sellados? No. Como dice un alcalde de una ciudad fronteriza: “¿Qué tan segura es la seguridad?”

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