SAO PAULO. En el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el Plan Cóndor, el acuerdo represivo de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80, que tiene a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone como principales imputados en Buenos Aires se dieron a conocer documentos secretos del gobierno militar brasileño (1964-1985) que revelan que ese régimen concedió préstamos por valor de 115 millones de dólares al gobierno castrense del general Augusto Pinochet, según informó el periódico Folha de Sao Paulo.
La “Operación Cóndor” o “Plan Cóndor” fue implementado por las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay para compartir información, perseguir, asesinar, desaparecer o deportar a disidentes fuera de sus países.
De acuerdo con el rotativo, archivos del gabinete de los exministros de Relaciones Exteriores indican que esa cantidad fue concedida en términos “especialmente” favorables en tres tramos y estaba destinada a la adquisición de equipos militares.
Un informe, clasificado como “secreto” y “urgente”, con fecha de 26 de octubre de 1976 asegura que Brasil prestaba “importante ayuda” al régimen de Pinochet.
El entonces secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Moraes Rego Reis, explicó en un documento con fecha del 9 de noviembre de 1978 al presidente militar Ernesto Geisel la división de los pagos y precisó que la autorización inicial de las ayudas databa de noviembre de 1974, un año después del golpe militar de Pinochet.
En ese año se concedieron 40 millones de dólares “en condiciones excepcionales para el patrón brasileño de financiación oficial”, que fueron ampliados posteriormente.
Según los documentos, las cantidades tenían por objetivo la “garantía de la seguridad interna” de Chile.
Además, los documentos revelan que Brasil vendió 910 equipos de radio por valor de 3,3 millones de dólares.
El periódico accedió a los documentos en virtud de ley de acceso a la información, sancionada por la presidenta Dilma Rousseff en 2011.
La norma, que regula el acceso a todos los documentos públicos y solo mantiene en secreto informaciones de carácter personal o las que atañen a la seguridad del Estado, impide que se mantengan en secreto datos que atenten contra los derechos humanos.