La Procuraduría General de la República (PGR) detectó un nuevo movimiento bancario, presuntamente ilegal, en el caso de Elba Esther Gordillo. Se trata de un depósito por cerca de 900 mil dólares a favor de Othón Sánchez Arriola, uno de los nietos consentidos de la maestra.

 

De acuerdo con las investigaciones, ese dinero salió de las cuentas del SNTE. Una parte de estos recursos pasó por cuentas de Nora Ugarte e Ignacio Gallardo, quienes fungieron, de acuerdo con la acusación, como operadores financieros y cómplices del lavado de dinero.

 

Por lo anterior, la PGR evalúa congelar la cuenta de Othón Sánchez, hijo de Mónica Arriola y Othón Sánchez, quien el año pasado contendió por Nueva Alianza por la presidencia municipal de Ayala, en Morelos, pero perdió.

 

En los últimos días, la PGR ha obtenido más detalles de las operaciones financieras de la familia Gordillo y las compras de bienes en México y el extranjero, gracias a las declaraciones de Nora Ugarte, a quien convenció el Ministerio Público de convertirse en testigo protegido.

 

La semana pasada, la Procuraduría interrogó a Francisco Yáñez, ex director de la Lotería Nacional, contra quien existe una orden de aprehensión dentro del caso de la maestra y está en el proceso de convertirse en testigo protegido para declarar contra Gordillo y su familia, y localizar más operaciones ilegales en México y el extranjero, a cambio de acusarlo de menos delitos, imponerle bajas sanciones o, incluso, inmunidad total. Esto aún no se ha definido.

 

La semana pasada fue detenido Erick Rodríguez García, ex cuñado de Gordillo y quien tenía un cargo en el sindicato dentro del manejo de finanzas, la PGR lo consignó al juez, pero presentó una condición de inestabilidad médica y fue llevado de urgencia al hospital, en donde su salud se reporta delicada por lo que no se concluyó el trámite de consignación ante el juez donde se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada.

 

Sobre las cuentas del SNTE, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, adelantó ayer que comenzó el descongelamiento de aquellas que en su momento fueron paralizadas para analizar la salida ilegal de recursos, con la finalidad de no afectar los pagos a los maestros.

 

“Las hemos estado abriendo, primero congelamos todas, ahora hemos venido abriendo las que requieren ese tipo de pagos”, indicó.

 

Intentan Arriola y Fujiwara frenar detención

 

Ante el temor de ser detenidos por el presunto desvío de recursos del SNTE, tres familiares y ex colaboradores de Gordillo han intentado tramitar amparos sin que hasta ayer lo hubieran conseguido.

 

La lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuya consulta es pública, evidenció que las personas cercanas a la ex líder magisterial que trataron de obtener los amparos son su ex esposo Francisco Arriola Urbina, su ex yerno René Fujiwara Apodaca y su ex colaboradora en el SNTE y ex diputada federal Silvia Luna Rodríguez.

 

Las tres personas antes mencionadas no solamente fueron cercanas a Gordillo, apenas la semana pasada fueron incluidas en la nueva estructura de la dirigencia del SNTE.

 

Arriola fue nombrado vicepresidente del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados; Fujiwara, como coordinador del Colegiado Nacional de Formación Sindical, y Luna, como presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social.

 

El pasado 27 de febrero, un día después de la captura de Gordillo en Toluca, Arriola, Fujiwara y Luna presentaron demandas de amparo en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en el estado de Jalisco.

 

Sin embargo, argumentando que se trataba de hechos ajenos a su jurisdicción territorial, el juez declinó su competencia y envió las demandas al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia penal en el Distrito Federal, donde se iniciaron los expedientes 219/2013, 220/2013 y 221/2013.

 

Pero ayer, el referido juez de amparo decidió que tampoco iba a tomar conocimiento de los hechos y regresó las solicitudes al juez de Jalisco. Un Tribunal será el que defina quién se hace cargo del caso.

 

Lo anterior significa que ninguno de los tres estaba, al menos hasta el cierre de esta edición, amparado en contra de una orden de aprehensión, por lo que podrían ser detenidos en cualquier momento.