Las declaraciones del presidente Calderón al diario The New York Times revelan el desconocimiento que la actual administración tiene sobre el fenómeno del crimen organizado y reafirman su afán por politizar un tema que debería tener el tratamiento de una política de Estado.
Resaltan dos aspectos de la entrevista. El primero hace referencia a su opinión sobre las utilidades del crimen organizado y el segundo sobre la legalización de las drogas. El presidente Calderón al ser cuestionado sobre el tema argumenta “Creo que es la responsabilidad de los políticos en Estados Unidos o los miembros del Congreso para explorar todas las alternativas que pueden permitir que el flujo de dinero sea reducido”. La respuesta deja entrever porque no se ha llevado acabo una política pública contra el lavado de dinero y prevención del delito.
Si el Presidente Calderón espera que reduciendo los flujos de efectivo el mercado ilegal de las drogas tenga un impacto sobre el crimen organizado esta equivocado. Lo que el Presidente debe evitar es que el crimen organizado pueda seguir acumulando activos como lo ha hecho hasta el día de hoy. El acumular activos les permite invertir en nuevas drogas, corromper autoridades, mantener una estructura operativa para el trasiego de droga e inclusive invertir en nuevas líneas de negocio, licitas o ilícitas.
Por esta razón el combate contra el lavado de dinero es una pieza fundamental para desarticular el crimen organizado. En Estados Unidos se han utilizado herramientas fiscales para determinar como se construyeron las fortunas de miembros de la mafia, en Italia se hace una revisión minuciosa sobre los activos financieros de los sospechosos y en Colombia se han desarrollado métodos para detectar prestanombres. Todas estas acciones van dirigidas a evitar que se acumulen riquezas y fortunas de procedencia ilícita.
El presidente Calderón ha abierto en varias ocasiones el debate de la legalización. Este es un debate que se debe abrir y discutir ampliamente, sobre lo que el Estado debe permitir o no a los ciudadanos. ¿Hasta donde tiene derecho el Estado de decidir que puedo o no puedo consumir? ¿El papel del Estado debería ser el de dar información solamente a los usuarios? ¿Qué pasa si al consumir drogas causo un daño a otra persona, de quién es responsabilidad? Estas deben ser las preguntas en el debate sobre legalización, no usar este argumento como herramienta para reducir el poder del crimen organizado o la violencia habla del desconocimiento del mercado de estupefacientes. Ahí están los ejemplos del la prostitución que a pesar de contar con legislaciones prohibitivas, grises y las cuales amparan esta actividad, hoy en día el mercado de trata y tráfico de personas equipara al de las drogas.
No he escuchado ninguna postura sobre legalización que promueva el uso de drogas para menores de edad. Sin embargo, los menores de edad son cerca del 60% de los consumidores del mercado de drogas, y los adictos consumen más del 50% de las drogas en venta. ¿No sería más sensato invertir en campañas de prevención e información a la sociedad sobre los efectos del consumo de drogas y alcohol? Un narcomenudista tiene un poco más de 24 horas para desplazar su inventario, una plática de prevención, acciones para fomentar el tejido social o actividades gratuitas para los jóvenes (que son la población de consumidores), durante un fin de semana, inhiben la venta de droga impactando de manera directa los flujos e inventarios del crimen organizado.
Si el Presidente contara con más información, invertiría más recursos en prevención, tratamiento de adicciones y exigiría a su secretario de Hacienda resultados en materia de lavado de dinero, en lugar de poner la solución en manos “de los políticos en Estados Unidos” cuando él representa el Poder Ejecutivo de México.
@albertoislas | info@risk-evaluation.net
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