Los eventos ocurridos la semana pasada en Guerrero muestran el fracaso de la política pública del presidente Calderón para reformar las policías del país, después de cinco años y un incremento en el presupuesto de más de 400%, es inadmisible que no exista uno de los elementos más importantes en cualquier corporación que cuente con personal armado; respeto a la línea de mando y procedimientos claros para intervenir.
El gobernador Ángel Aguirre ordenó a los elementos que no estuvieran armados y nunca dio una orden de represión. La desobedecida y falta de control sobre su gabinete trajo como resultado tres muertos, dos funcionarios de primer nivel del gabinete cesados y ponen en riesgo la derrama económica generada por las vacaciones en el puerto de Acapulco que apenas empieza a recobrar vida. El costo en imagen es caro, pero la percepción de un Gobernador ausente y carente de mando es más peligrosa porque solo puede generar más descontrol en el Estado. El gobernador tuvo que actuar de manera contundente y cesar a su procurador y secretario de Seguridad Pública.
A nivel federal, los elementos de la PFP mostraron una gran descoordinación y una falta de procedimientos y protocolos para controlar una masa de manifestantes, en una carretera federal. Las imágenes de la Policía Federal golpeando a los manifestantes afuera de la gasolinera, así como los elementos que recolectan los casquillos que han disparado, refuerzan la idea de una policía corrupta. Estos videos, que dieron la vuelta al mundo, demuestran el desden de las autoridades federales por el respeto a los derechos humanos. Si esto hubiera sucedido en algún otro país de la OECD (a la cual pertenecemos) seguramente el titular de la Policía Federal hubiera renunciado, por falta de control sobre el personal a su cargo. Pero aquí en México, eso esta lejos de suceder.
La actuación de los elementos de la PF, estoy seguro no obedecen a ninguna orden superior, son solo el reflejo de mandos medios que no cuentan con las capacidades, el control ni mando para dirigir a personal. Es increíble que en una de las zonas prioritarias del país (Guerrero), donde se lleva acabo un operativo conjunto para proteger a la ciudadanía en las carreteras federales, sea la responsabilidad de los elementos de la Policía Federal, que en lugar de detener a más manifestantes, golpean a los que están ya bajo su custodia. Y lo más grave aún es que al día de hoy, son los mismos elementos los que trabajen para “cuidar” a los ciudadanos en estas vacaciones de fin de año.
El que también falló es el sistema de coordinación entre la Federación y los estados, ya que a pesar de tener reuniones en la zona militar por lo menos una vez a la semana entre las diferentes dependencias estatales y federales nadie pudo predecir la gravedad del incidente. Si bien los estudiantes buscaban llamar la atención y realizar un evento con mayor violencia a los que se habían suscitado con anterioridad, nadie puso suficiente atención y nunca se planteo un plan para disuadir la manifestación , y mucho menos acciones tácticas para evitar la toma de instalaciones estratégicas.
Una vez tomada la carretera, el posicionamiento de los elementos de la PF y de la policía judicial del estado, en la carretera no muestran una coordinación, para repeler o disuadir a los manifestantes. Esto hace suponer que no tuvieron comunicación previa al enfrentamiento y que ninguno de los dos estaba coordinado con el otro.
Uno de los argumentos del presidente Calderón, es que las policías locales son corruptas, no están capacitadas y muchas veces trabajan para el narcotráfico. Hoy podemos ver que la Policía Federal, a pesar de contar con el presupuesto más grande de su historia, la capacitación más rigurosa y el mejor equipamiento, aún no sabe seguir ordenes y no saben distinguir lo que son los derechos humanos. Un mito más que se desmorona del presidente Calderón.
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