Muy pocas veces en el país un poder político ha desenmascarado a otro mostrando sus miserias, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el Congreso de la Unión en 2007 desnudando a la llamada ‘Ley Televisa’.
Previo a las elecciones presidenciales de 2006 tanto diputados como senadores de todos los partidos políticos aprobaron en votación ‘fast track’ las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión en las que mantenían (e incluso ampliaban) el ‘statuo quo’ de concentración de mercado y los privilegios de los que han gozado las dos grandes televisoras del país por décadas.
Esa ‘operación legislativa’ se dio con la participación del entonces candidato presidencial por el PAN, Felipe Calderón, y de su coordinadora de campaña, Josefina Vásquez Mota, quienes con la urgencia encima por remontar en las encuestas de intención de voto, cedieron a las presiones de un poder televisivo que parece marcar la agenda pública del país. Calderón necesitaba presencia y votos, y la televisión le abría esa posibilidad.
A cuatro años de la sentencia de la Corte las cosas no han cambiado mucho en el mercado de la televisión a pesar de que recientemente se aprobaron reformas a la Ley Federal de Competencia Económica y se puso en marcha un programa para la transición a la Televisión Digital Terrestre. Con todo, el poder y la influencia de las televisoras se han agrandado frente a unos políticos empequeñecidos, necesitados ‘de la caja mágica’ para intentar ganar –otra vez- las elecciones presidenciales que vienen.
La millonaria cancha de la televisión abierta se sigue repartiendo entre dos, muy a pesar de lo que sentenció la Corte. En un estudio reciente que realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, para la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel, se revela que las dos televisoras (Televisa y TV Azteca) concentran el 94% de las estaciones concesionadas y el 57% del total de las ventas publicitarias calculadas en unos 33 mil millones de pesos. En una comparación internacional basada en el índice de concentración industrial (IHH) se muestra que la concentración en audiencia es 2.65 veces mayor en México que en Chile y 3.47 veces mayor que en España, mientras que la concentración en publicidad en el mercado de la televisión en México es 1.73 veces mayor que en el Reino Unido y 2.58 veces mayor que en Chile. Esta situación es precisamente la que había descrito la Corte en su sentencia de hace cuatro años, sin que el Congreso y el Gobierno hagan mucho para que, efectivamente, se abra la competencia en este mercado.
Las presiones de ahora son las mismas que en 2006 y no se ve voluntad política para enfrentarlas. En su comparecencia del 11 de octubre pasado el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, les dijo a los diputados que el Pleno de la Comisión había acordado realizar una ‘consulta pública’ para determinar las nuevas concesiones de frecuencias de televisión, mismas “que tratará de responder al apetito del mercado”, complementó ayer a los reporteros. Parece broma y nos hacen dudar de sus ‘buenas intenciones’ para poner en marcha la competencia en este mercado.
La apertura del mercado de la televisión a través de sus múltiples modalidades no sólo es un asunto de la economía, es una cuestión de Estado, del futuro de la democracia mexicana y de la participación de sus ciudadanos en su construcción. Pero ¿acaso importa cuando se tiene una elección enfrente?
samuelgarcia2010@hotmail.com | @arena_publica
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