BUENOS AIRES. La Justicia argentina condenó ayer a cadena perpetua al último dictador del país, Reynaldo Bignone, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de la guarnición militar de Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires.
Junto a Bignone, el último dictador de Argentina (1982-1983), el Tribunal Oral Federal 1 de la localidad bonaerense de San Martín condenó también a la pena máxima al ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros y a los represores Luis Sadi, Eduardo Corrado y Carlos Tomás Macedra.
El tribunal les consideró responsables de los delitos cometidos contra 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas que dieron a luz en la guarnición militar de Campo de Mayo y que permanecen desaparecidas.
Los demás ex militares acusados recibieron penas de entre 25 y 16 años de cárcel: Carlos Somoza (25 años), Hugo Castagno Monge (20 años), Julio San Román (20 años) y Eugenio Guarañabens Perelló (16 años).
Finalmente, el tribunal condenó a 15 años de cárcel al ex oficial de inteligencia Carlos del Señor Hidalgo Garzón y a 12 años de prisión a su esposa, María Francisca Morillo, por la apropiación de Laura Catalina de Sanctis Ovando, cuya identidad fue restituida en 2008.
Las sentencias fueron recibidas con vítores y aplausos por los familiares de desaparecidos, allegados y activistas de derechos humanos que se encontraban presentes en la sala, según imágenes difundidas en directo por el Centro de Información Judicial.
Tras la lectura del veredicto, los magistrados Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone dictaron la detención de todos los condenados y anunciaron que la lectura de los fundamentos de la sentencia se realizará el próximo 14 de mayo.
Durante la celebración del juicio, Sanctis Ovando acusó a sus apropiadores de “ser cómplices” de la muerte de sus padres, Raúl René de Sanctis y Miryam Ovando, y pidió a la sociedad argentina que “tome conciencia de la real responsabilidad de estas dos personas” en los crímenes que se juzgaban.
Bignone negoció la transición a la democracia tras firmar una Ley de Amnistía, que fue anulada más tarde, y ordenar la destrucción de toda la documentación sobre detenciones, torturas y asesinatos de desaparecidos.
El exmilitar, de 85 años, ya fue condenado en 2010 y en 2011 a 25 años de prisión por delitos cometidos en Campo de Mayo, mientras que en diciembre pasado sumó su tercera condena al ser sentenciado a 15 años de cárcel por crímenes perpetrados en un centro clandestino de detención que funcionó dentro del hospital público Posadas, en las afueras de Buenos Aires.
En julio pasado recibió otra condena de 15 años de prisión por el robo sistemático de bebés durante la dictadura, histórico proceso en el que el exdictador Jorge Rafael Videla (1976-1981) recibió una sentencia a 50 años de cárcel. EFE