MORELIA. El secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna García, confirmó que un grupo de aproximadamente 20 civiles de “La Ruana” están retenidas por presuntos integrantes de la llamada “guardia comunitaria”.

 

Sobre este tema, el procurador del Estado, Plácido Torres Pineda, informó que incluso los familiares de estas personas que están privadas de su libertad, ya interpusieron denuncias y se está dando inicio a las investigaciones.

 

Ha estado difícil para que los agentes de la Procuraduría puedan acercarse al lugar en el que están las personas retenidas pero se hará todo lo posible para resolver la situación, “se tiene el dato de que son aproximadamente ocho denuncias que han interpuesto los propios familiares”, acotó Plácido Torres.

 

El procurador dijo que los detenidos son personas civiles que fueron “privados de la libertad” por las llamadas guardias comunitarias. Extraoficialmente se habla de 20 “retenidos” entre ellos una mujer.

 

El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García puntualizó que el gobierno del estado está trabajando para lograr que estas personas retenidas obtengan pronto su libertad. “Han estado ellos retenidos por la guardia comunitaria pero estamos en un proceso de que sean entregados a la autoridad competente”.

 

Explicó que las personas fueron retenidas en diferentes fechas, y que al parecer se encuentran en buenas condiciones de salud.

 

Por otra parte, en torno a la quema de una gasolinera y un empaque de Limón en el Municipio de Buenavista, Jesús Reyna explicó que los hechos se registraron en Santa Ana Amatlán, “según el reporte que nosotros tenemos fue en Santa Ana Amatlán donde quemaron unas bombas de una gasolinera y parcialmente una empacadora de limón, no tenemos más información al respecto, desde luego que están en curso las investigaciones correspondientes”.

 

Dio a conocer que personal de la Secretaría de Gobierno acudió a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto mejor conocida como “La Ruana”, y se estuvo platicando con estas personas que se autodenominan “policía comunitaria” o “grupo de defensa regional” y se llegó a la conclusión de que lo que piden y lo que necesitan; se llegó al compromiso de que hubiese una mayor y más amplia presencia del Ejército en vigilancia y que hubiera el apoyo con defensores de oficio para aquellas personas que han sido detenidas y que no cuentan con los recursos para pagar un abogado.