La problemática que enfrentan algunos estados y municipios por sus excesivos endeudamientos de los últimos años, han puesto sobre la mesa un debate de fondo sobre la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y que debe ser la columna vertebral de cualquier reforma hacendaria que se emprenda.
Claro que cuando se trata de asumir responsabilidades el discurso cambia. En la pasada reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, con los senadores de la República, los gobernadores fijaron su postura así: “Nos pronunciamos por el pleno respeto a la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, a fin de que sean las legislaturas estatales las que, en ejercicio de sus atribuciones, decidan sobre la aprobación, modificación o rechazo de las iniciativas de los ejecutivos estatales y ayuntamientos”.
Es decir, muy dignos los señores gobernadores que tienen serios problemas de caja en sus gobiernos por los excesos financieros de sus administraciones dijeron: “No se metan porque somos soberanos; pero eso sí, rescátenos”.
En estos asuntos siempre vale la pena refrescar la memoria. Por eso le transcribo un trozo de los compromisos que adoptaron los entonces gobernadores a través de la Declaración de Mazatlán el 10 de agosto de 2001, hace poco más de 11 años, en lo que es el antecedente más significativo del nacimiento de la Conago. Dice a la letra: “Los gobernadores reconocen la necesidad de realizar esfuerzos en todos los órdenes con el fin de administrar con mayor eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas los recursos públicos manejados, procurando proteger y elevar el nivel de vida de las familias más necesitadas”.
Posteriormente, en la llamada Declaración de Cuatro Ciénegas firmada el 20 de agosto de 2003 ante el presidente Vicente Fox, los gobernadores de la Conago suscribieron: “Asumimos el compromiso de impulsar, en el marco de la reforma del Estado, el fortalecimiento de un sistema federal que sea instrumento eficaz de organización gubernamental, de equilibrio de poderes, de aseguramiento de la unidad e identidad nacionales, de integridad territorial, de promoción de equidad y desarrollo local y regional, así como de eficacia en la gestión pública. Ratificamos nuestra voluntad de construir, mediante amplios consensos, y con pleno respeto a las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo federal y del constituyente permanente, una renovación del sistema federal mexicano, para que sea cooperativo, gradual, diferenciado y participativo, sustentado en los principios de equidad, corresponsabilidad, solidaridad, subsidiariedad, participación ciudadana y claridad en la rendición de cuentas, como pilares de las acciones de autoridad y de la definición de políticas de gobierno, públicas y de Estado”.
Estas declaraciones sobre eficacia, transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos públicos, son el sustento del nacimiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores hace más de una década.
Ahora, 10 años después, con reiteradas promesas incumplidas de parte de muchos de los gobiernos locales, ya no se puede seguir extendiendo la mano para recibir recursos sin firmar compromisos de fondo -no declaratorias políticas- para un manejo responsable del dinero público.
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