Tres semanas después de que la Procuraduría General de la República (PGR) hizo pública la investigación por el desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo y su círculo de familiares y colaboradores han intentado, sin éxito, defenderse en los juzgados.
De la información a la que ha tenido acceso este diario, son 15 las personas ligadas al SNTE, incluyendo los cuatro consignados, que son investigados por la PGR.
Hasta ahora son poco más de dos mil millones de pesos los que la Procuraduría tiene corroborado que fueron desviados en los últimos tres años del Sindicato. Dicha cantidad, según las mismas autoridades, es apenas la primera parte de una indagatoria que derivará en nuevos cargos y nuevas consignaciones.
Incluso, el caso además tendrá alcances internacionales, pues de acuerdo con autoridades de la PGR, hay un intercambio de información constante con los Estados Unidos, pues en ese país también se encuentra en marcha una indagatoria que en breve será oficializada.
Golpes y consignaciones
El golpe mayor a lo que la PGR ha definido como una estructura delictiva organizada lo dio el 26 de febrero, con la captura de Gordillo en el aeropuerto de Toluca.
Ese mismo día, agentes federales capturaron a tres de sus ex colaboradores del SNTE, Nora Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, que según las investigaciones de la PGR y de la Secretaría de Hacienda, fueron los responsables de triangular los recursos hacia empresas fantasma y bancos en el extranjero.
La Procuraduría los acusó de delitos graves: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La defensa de Gordillo y los coacusados, en ese momento encabezada por el abogado y ex subprocurador Arturo Rangel, exigió la comparecencia de los funcionarios que participaron en la indagatoria y argumentó, además, que los peritajes contables de Hacienda carecían de firmas y sellos.
Pero el Juzgado Sexto de Distrito desestimó dichas argumentaciones y dictó la formal prisión por los mismos delitos que consignó la PGR.
Por problemas de salud, la ex dirigente del SNTE fue trasladada del penal femenil de Santa Martha Acatitla a la cárcel de Tepepan, donde se cuenta con el equipo médico para atenderla. Los profesores Gallardo Chávez y Díaz Flores permanecen en el Reclusorio Oriente.
El caso de Ugarte ha sido distinto. Por supuestos problemas de salud fue trasladada al Hospital Central Militar, donde permanece bajo custodia judicial desde hace tres semanas. La indiciada ofreció colaborar con la PGR dando datos de las transacciones, con el objetivo de alcanzar una sentencia reducida.
Desamparados y desaparecidos
En los días siguientes a la captura de Gordillo, seis familiares suyos y ex colaboradores interpusieron demandas de amparo ante juzgados federales, con el objetivo de frenar una eventual detención y consignación. La mayoría de estas demandas ya fueron negadas por los jueces.
Las personas que buscaron amparo son el ex esposo de Gordillo, Francisco Arriola, sus ex yernos René Fujiwara y Fernando González, su ex yerno y ex contador Erick Rodríguez, su nieto Othón Francisco de León Arriola, y su ex colaboradora y ex diputada Silvia Luna Rodríguez.
Apenas ayer, un juez de Distrito negó la suspensión definitiva de la orden de aprehensión para Rodríguez, quien de acuerdo con información a la que ha tenido acceso este diario, se encuentra detenido y bajo custodia ministerial.
Otras cuatro personas, entre las que destaca el ex director de Lotería Nacional Francisco Yáñez, se encuentran bajo investigación de la PGR, sin que existan nuevas consignaciones.
Ninguna de estas personas ha aparecido públicamente desde que se dio a conocer la investigación.
LO QUE VIENE
El juicio en contra de Gordillo y los tres coacusados se encuentra en marcha, y en fase de desahogo de pruebas. El nuevo abogado de la ex presidenta del SNTE, Marco del Toro, dijo que analizan la evidencia que presentarán en breve a su favor.
En tanto, en el Cuarto Tribunal Unitario del Distrito Federal fue radicada la apelación contra el auto de formal prisión, y se prevé que la revisión dure tres meses.
La PGR continúa con la averiguación abierta y se prevén nuevas consignaciones en las próximas semanas. Además, se imputarán acusaciones contra indiciados por el delito de defraudación fiscal.