La marcha política perfecta que llevaba en su primer trimestre el gobierno de Enrique Peña Nieto se empieza a ver afectada por un tema que parece haber escapado a la meticulosa planeación del nuevo gobierno: la seguridad pública y la violencia del narcotráfico en varias zonas del país. Con su apuesta colocada a 100% en las reformas políticas y económicas del Pacto por México, la administración peñista pareció descuidar un flanco que fue el principal problema de su antecesor, Felipe Calderón, y que ahora se empieza a convertir en el “talón de Aquiles” del Presidente y su flamante gabinete.
Porque mientras en la parte política recogían aplausos y reconocimientos de adeptos y hasta de algunos críticos que aceptaban “la decisión” del presidente Peña de recuperar el liderazgo de la figura presidencial, en varias zonas del país el incendio de la violencia (herencia del pasado sexenio) no paraba y seguía creciendo, aun cuando en el discurso presidencial y en la comunicación oficial de Los Pinos ya no figuraba el tema de seguridad como parte de una estrategia para lograr disminuir la percepción negativa de lo que pasa en la República.
Pero ocurrió que, mientras el Presidente se ocupaba de lo político y capitalizaba los éxitos, no hubo entre sus colaboradores, secretarios, subsecretarios y comisionados quien se tomará en serio el asunto de la inseguridad y la violencia en que viven varios estados; y perdidos entre la “planeación”, los “programas preventivos” y la “creación de polígonos”, desatendieron un asunto apremiante y urgente que quedó a la deriva aparente, lo que empezó a hacer que las balaceras, psicosis, atentados contra periodistas y fenómenos colaterales como los grupos de autodefensa, comenzarán a generar la percepción de un gobierno rebasado y un agravamiento del fenómeno de violencia que conocimos los mexicanos en el sexenio pasado.
El tema empeoró cuando se exhibieron problemas de descoordinación y falta de comunicación al interior del gobierno de Peña Nieto. Un día, ante las críticas, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, salió a declarar que los resultados de la estrategia de prevención del delito que lleva el área a su cargo tardarían año y medio en poder sentirse en el país. Pero como el tema creció y no hubo quien lo contuviera en México, alcanzó hasta Roma al Presidente y éste, presionado por las preguntas de los medios, dijo que “un año” era el plazo que se daba su gobierno para dar resultados en materia de seguridad.
Mientras aquí, áreas fundamentales como la Comisión de Seguridad Pública, que encabeza Manuel Mondragón y Kalb, o la misma Secretaría de Gobernación, parecían totalmente perdidas en el tema. La Segob salió a media semana, a través de su vocero Eduardo Sánchez, a negar un repliegue de las fuerzas federales en estados conflictivos como Tamaulipas, Guerrero o Michoacán, aunque tampoco dio datos precisos de cuál es la presencia real en estos momentos de las fuerzas federales en esas regiones. Luego, Mondragón, en un acto que confirma la falta de planeación previa que tuvieron las áreas de seguridad, anunciaba ayer, con bombo y platillo la creación de un “Consejo de la Policía Federal”, que será un órgano de decisión interna. Es decir, que ¿hasta ahora, en más de 100 días, no se estaban tomando decisiones en la PF porque no había quien las tomara?
En fin, que a punto de arrancar el segundo trimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto y con el Presidente y medio gabinete de vacaciones en estos días santos, la violencia no cesa en distintos puntos del país y se perfila ya como el “talón de Aquiles” de un gobierno que, con grandes resultados en lo político, puede naufragar si no les da a los ciudadanos la prioridad que cualquier Estado debe dar, por encima incluso de “reformas estructurales”: seguridad, paz y tranquilidad. Eso mismo que prometió en campaña Peña Nieto.
